La cronificación de la pobreza infantil, que alcanza a casi el 35% de los menores de 16 años, según la última encuesta de condiciones de vida publicada hace un mes por el Idescat, obliga a las administraciones a repensar el modelo de apoyo social. La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha manifestado hoy en el Fòrum de la Fundació Pere Tarrés que una de sus prioridades es “desplegar todo el potencial del IMV-CAPI (complemento de ayuda para la infancia) para que puedan beneficiarse más de 350.000 familias con hijos” que reúnen las condiciones para cobrarla. Actualmente la perciben 73.000.
El CAPI forma parte del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque se puede conceder de forma independiente. La cuantía es entre 57,50 y 115 euros mensuales, en función de la edad del menor a cargo. El umbral de renta para optar al mismo es de 3.162 euros al mes en el caso de familias integradas por dos adultos y dos niños. La consellera considera que este complemento podría llegar “al 44% de la población infantil, lo que incluye hogares con rentas bajas y medias”. Las diferentes medidas para luchar contra la pobreza infantil se concretan en un plan de acción que se prevé presentar en mayo.
Lee también
“El sistema de prestaciones tiene importantes carencias, en Catalunya tenemos 150.000 hogares que cumplen las condiciones para recibir el IMV, pero no lo cobran, tampoco piden la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) entre el 30% y el 40% de los que reúnen los requisitos”, explica Martínez Bravo. Considera que mientras afloren pagos indebidos de prestaciones y se solicite su devolución, como ha sucedido en los últimos meses, “habrá personas elegibles que no opten a la RGC”. Sus recetas son avanzar hacia una gestión más ágil en las tramitaciones, revisar cada trimestre las ayudas y hacer compatible la RGC con las rentas del trabajo. El grupo del PSC presentó en enero una proposición de ley de reforma de la RGC en este sentido para reducir las tasas de pobreza a la vez que incentivar la ocupación. Se trata de que una persona a la que se ofrece un contrato no lo rechace por temor a perder la prestación, como sucede ahora. De esta manera, Martínez Bravo ha comentado que se prevé que la RGC pase “de 113.000 a 170.000 beneficiarios”.
Lee también
Un estilo “más gerencial” en la DGAIA
“Hemos optado por un cambio de liderazgo, necesitábamos otro perfil, un estilo más gerencial”, ha dicho la consellera en relación al reciente cese de la directora y el subdirector de la DGAIA, Isabel Carrasco y Joan Mayoral. Entre el público del Fòrum Social Pere Tarrés había el sustituto de Carrasco, Josep Muñoz, quien hasta el momento ocupaba la gerencia de servicios sociales de la Diputación de Barcelona. Martínez Bravo señaló que, en estos momentos, la DGAIA precisa un equipo con experiencia en “gestión de equipos y en planificación estratégica”. “No queremos hacer cambios estéticos sino construir un sistema fuerte con buenas estructuras y liderazgos”, ha añadido. La salida de Carrasco y Mayoral sorprendió pues apenas han permanecido seis meses en el cargo. A 31 de marzo, la DGAIA acogía a un total de 6.435 menores migrantes no acompañados.
