Representantes del ámbito público y privado llevaron a cabo en Bogotá el foro «Legalidad y sostenibilidad: desafíos del ecosistema audiovisual en América Latina», organizado por la Alianza Latinoamericana contra la Piratería Digital y con el apoyo de LALIGA.
El encuentro, que contó con autoridades gubernamentales, operadores de televisión paga, plataformas digitales, expertos legales, académicos y organismos internacionales; tuvo como objetivo debatir estrategias efectivas para frenar la distribución ilegal de contenidos audiovisuales y promover la protección de los derechos intelectuales en la región.
En ese marco, se discutieron los retos que enfrenta la industria frente al crecimiento de la piratería digital, así como los impactos económicos, sociales y culturales de este fenómeno.
Además, se analizaron experiencias exitosas de persecución penal en países como Argentina y Colombia, así como también el papel de los bloqueos administrativos y judiciales de sitios infractores, y la necesidad urgente de actualizar los marcos legales para combatir estas prácticas.
Entre los disertantes estuvieron Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza; Víctor Hugo Portillo, asesor legal de LALIGA para América Latina; Herman Gutiérrez, director nacional del Derecho de Autor en Colombia; Gustavo López, representante legal de FIFA; y fiscales especializados como Alejandro Musso (Argentina) y Héctor Ordóñez (Colombia).
Pérdidas por más de 8.800 millones de dólares
«El acceso ilegal a contenidos no es un problema menor: vulnera derechos, debilita el empleo formal y pone en riesgo la inversión en innovación y creación cultural. Este foro refuerza la necesidad de un trabajo articulado entre sectores para defender la legalidad y la sustentabilidad del audiovisual en la región», señaló Bacaloni.
Se estima que un tercio de los hogares con acceso a Internet en América Latina consumen contenidos pirateados en línea. En total, más de 22 millones de usuarios acceden a televisión paga de forma ilegal, y más de 35 millones recurren a plataformas digitales no autorizadas, representando pérdidas que superan los 8.800 millones de dólares anuales para la industria.
El encuentro contó con un llamado de las organizaciones a reforzar la cooperación regional, impulsar reformas legislativas, y sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de consumir contenidos de manera legal y segura, garantizando un entorno competitivo, justo y sostenible.
Fuente: Canal 26
