Una nutrida convocatoria de organismos de derechos humanos, espacios académicos y sectores sindicales se reunió en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para dar inicio a una nueva etapa de acción política y judicial en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro, que congregó a más de cien referentes de distintos sectores, tuvo como objetivo central la organización de un plan colectivo para exigir el fin de lo que consideran una proscripción política y judicial en su contra.
Durante el plenario se anunció la conformación del espacio denominado “Derechos Humanos contra la proscripción: Cristina Libre”, un frente multisectorial y multipartidario que proyecta una serie de acciones tendientes a visibilizar lo que califican como una persecución sistemática contra la expresidenta. Como primer paso, se consensuó la difusión de un documento firmado por más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, donde se expresan “en defensa de la democracia y contra la proscripción”.
Entre las figuras destacadas que participaron del encuentro estuvieron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, y el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. También dijeron presente la senadora nacional salteña Nora del Valle Giménez y reconocidos referentes del movimiento de derechos humanos como Victoria Montenegro, Matías Moreno y Carlos Pisoni, entre otros.
El documento final del plenario subrayó que “la persecución a Cristina, con un fuerte componente de misoginia, es parte de un entramado de violencia y odio hacia quienes pensamos diferente, hacia quienes defendemos los derechos humanos, y hacia quienes nos oponemos a un modelo de país basado en la entrega y la exclusión”.
Tras la reunión, los participantes se dirigieron al edificio donde reside la exmandataria para expresarle personalmente su respaldo y continuar articulando acciones de acompañamiento. El lanzamiento del espacio marca un nuevo capítulo de activismo político y judicial con fuerte base en los derechos humanos y en la defensa de la participación democrática sin condicionamientos.
