Cuatro de cada cinco parlamentarias que resultaron electas en los comicios de Uruguay en el 2024 sufrieron violencia debido a su actividad política.
Así lo indica un informe presentado este martes por Naciones Unidas, que revela que el 81,3 % de las parlamentarias sufrieron al menos un tipo de violencia, la mayoría psicológica.
Del total de las 181 candidatas -titulares y suplentes- que resultaron electas, 128 participaron de este estudio.
El 80,5 % de las encuestadas dijo haber sufrido violencia psicológica, el 28,9 % sufrió violencia sexual —incluido acoso, comentarios o amenazas con connotación sexual—, el 6,3 % sufrió violencia económica y el 3,1 % sufrió violencia física.
Las investigadoras Niki Johnson y Verónica Pérez-Bentancur interpretan estos resultados como una muestra de que «la violencia contra las mujeres en política no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino un rasgo estructural de la experiencia electoral de las mujeres políticas en Uruguay».
«Los ataques con frecuencia cuestionan la competencia de las mujeres, las acusan de beneficiarse injustamente de las leyes de cuotas o las atacan por promover los derechos de las mujeres. Si bien las amenazas explícitas son menos comunes, su presencia pone de manifiesto el potencial de escalada y daños graves que puede generar este tipo de violencia», advierte el informe.
El 63,3 % de las parlamentarias sufrió algún tipo de violencia en línea, el 59,8 % durante actividades presenciales de campaña, el 50 % dentro de su partido político y el 49,5 % en actividades con los medios de comunicación.
Las autoras del estudio hicieron énfasis en la violencia en contextos mediáticos y advirtieron que esta no solo afecta a las mujeres a nivel personal y psicológico, sino que «también socava su credibilidad política, refuerza los estereotipos de género y actúa como factor disuasivo para otras mujeres».
Sumado a esto, los reportes de violencia fueron más frecuentes en el caso de las candidatas a posiciones más visibles o cargos más relevantes, resaltó Pérez-Bentancur.
Las investigadoras también preguntaron a las parlamentarias si adoptaron algún tipo de «medida de autoprotección» ante estas situaciones y doce mujeres dijeron haber presentado una denuncia.
Aquellas que no buscaron ayuda ni denunciaron dijeron «que no consideraban que el episodio ameritara una denuncia formal».
La directora de programas de ONU Mujeres Uruguay, Magdalena Furtado, destacó el estudio por no tener precedentes en el país.
Furtado animó a que esta información sirva «para abordar los compromisos que tiene Uruguay en el marco internacional de los Derechos Humanos» y para «poder avanzar hacia una participación plena, igualitaria y libre de violencia».
Texto – EFE
Foto – Javier Calvelo – adhocFOTOS/
