Foto: Nicolás Martinelli en su cuenta de X.
Nueve personas fueron imputadas por asociación para delinquir y tráfico de armas tras ser detenidas con un arsenal en una casa del barrio Nuevo Ellauri. En el marco de la investigación por el asesinato del policía Pablo Dávila se encontraron más de una decena de pistolas y un fusil. Estas armas fueron periciadas y se encontró vinculación con 13 homicidios y múltiples episodios de disparos y personas heridas.
En la tarde del viernes se llevaron adelante procedimientos en el barrio Nuevo Ellauri encabezados por personal del Departamento de Homicidios, con el objetivo de encontrar el arma robada al policía Pablo Dávila, asesinado en este barrio y por el que ya hay tres personas imputadas.
Al ingresar a una vivienda ubicada en la calle Oscar Bonaudi, entre Matilde Pacheco y Teniente Rinaldi, cuatro policías se encontraron en inferioridad numérica ante más de una decena de personas que se encontraban portando armas, según relató el fiscal Carlos Sastre en una audiencia a la que accedió El País.
Ante esta situación, y viendo que uno de los hombre los apuntaba con un fusil, los agentes realizaron «disparos disuasorios» y solicitaron apoyo a personal de la Guardia Republicana que estaba esperando afuera.
Un pequeño grupo consiguió saltar un muro y escapar, pero nueve adultos —los ahora imputados— y un adolescente fueron reducidos y detenidos.
En ese momento, según relató Sastre durante la audiencia, uno de los detenidos dijo a los policías: «Estamos enojados porque mataron criaturas. Mi sobrino está en una camilla muriéndose». «Ahora les vamos a hacer la guerra. Nuestra causa es un problema familiar, estamos haciendo lo que ustedes no hacen», agregó haciendo referencia al conflicto existente entre las bandas del barrio.
Es que los investigadores presumen que los imputados por esta causa están vinculados a la banda de Los Bartolo, y que buscaban venganza por el homicidio de un adolescente de 13 años a comienzos de enero, donde otros menores también fueron baleados. Dos personas fueron imputadas y enviadas a prisión preventiva este miércoles por ese caso.
En total, se incautaron 11 pistolas, dos calibre 45, una calibre 40 y ocho 9 milímetros. Seis de ellas tenían modificaciones para poder realizar disparos automáticos. Además, se encontró un fusil de asalto calibre 223, «armamento militar capaz de atravesar el chaleco de un policía», según el fiscal.
Pericias determinaron que varias de las armas tienen vinculación con 13 homicidios, 28 novedades de disparos de arma de fuego y siete por personas heridas.
El resto de la incautación fue de 20 cargadores —siete extendidos—, 354 municiones, dos chalecos balísticos, cinco autos —dos de ellos rapiñados— y una moto hurtada.
Adentro de uno de los autos había un bidón con combustible, por lo que los investigadores presumen que estaban próximos a cometer un delito y luego incendiar el vehículo para no dejar rastro.
Finalmente, y ante la oposición de las defensas de los detenidos, la jueza del caso decidió el domingo imputar a los nueve mayores por asociación para delinquir y tráfico interno de armas, con medida de prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación.
Oponen versiones entre «padres de familia» y «banda peligrosa»
En medio de la audiencia, mientras el fiscal Sastre relataba los hechos y catalogaba a los detenidos como parte de una «banda peligrosa para la sociedad», uno de ellos interrumpió asegurando que son «padres de familia defendiendo a un niño muerto». Además, las defensas intentaron oponerse a la prisión preventiva diciendo que en la mayoría de los casos tienen un trabajo, e incluso muchos de ellos manejan comercios.
Ante esa respuesta por parte de uno de los imputados, que requirió que la jueza intervenga para retomar el orden en la audiencia, Sastre remarcó la vinculación de las armas con episodios de homicidios, disparos y lesiones, asegurando que esto «no parece para defender niños».
La abogada Déborah Ubal se opuso a la formalización de tres de los detenidos, entendiendo que «no tenían nada que ver» en el lugar donde fueron detenidos y que «no tenían conocimiento de la existencia de lo que se encontró».
Por su parte, Marcelo Gabito, abogado de otros tres, también se opuso y aseguró que «no existen elementos suficientes» contra sus defendidos. Según su versión, sus defendidos recién habían ingresado al recinto cuando ocurrió el allanamiento, y que habían ido con el objetivo de «prevenir un conflicto en el barrio«. Además, señaló que no portaban armas, y definió como «negligente» el accionar de la Policía por no haber podido grabar la situación con las cámaras GoPro ya que tenían la memoria llena.
A pesar de la oposición de los abogados, la investigación fue formalizada, y Sastre enumeró los riesgos procesales para solicitar la prisión preventiva, que finalmente fue otorgada. Entre ellos estuvieron el entorpecimiento de la investigación, peligro de fuga y riesgo para la sociedad.
La abogada de los tres restantes, Fabiana González Raggio, dijo no creer conveniente «poner a todos en la misma bolsa» y pidió el arresto domiciliario total, que no fue otorgado.
