★ El miércoles 26 de marzo, la segunda jornada de audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados no tardó en desbordarse. Lo que debía ser un espacio de participación ciudadana se transformó en una escena de gritos, acusaciones cruzadas y una nueva denuncia de irregularidades. Un periodista fue expulsado del recinto en medio de forcejeos verbales con el personal legislativo, y el ambiente en la Sala 2 del Congreso reflejó la tensión acumulada desde el primer día.
La polémica no fue espontánea. Llegó montada sobre el andamiaje de un proceso que, según sus críticos, nació viciado: de más de 120.000 ciudadanos que se inscribieron para exponer, apenas 380 obtuvieron el derecho a hablar, 200 el martes de forma presencial y 180 el miércoles en formato virtual, con cuatro minutos cronometrados cada uno. El resto fue empujado a enviar videos cortos o presentaciones escritas sin posibilidad de réplica ni debate real.
El escándalo del periodista: cuando la opacidad se defiende a los gritos
El incidente que sacudió la jornada involucró a un periodista que intentó cubrir el desarrollo de la audiencia y fue eyectado del espacio con gritos y presión del personal a cargo. La escena, captada por quienes estaban presentes, condensó en pocos minutos lo que el proceso entero viene exhibiendo desde el inicio: una vocación de control sobre la información y una hostilidad estructural hacia la mirada pública independiente.
El episodio no fue un accidente. Fue la consecuencia lógica de un procedimiento diseñado para administrar el debate, no para habilitarlo. Cuando la forma de un proceso político excluye a 119.620 personas de las que quisieron participar, la violencia institucional no necesita esperar a los gritos: ya estaba inscripta en el reglamento.
Lo que dijeron ayer: Maffei, Pérez Esquivel y Viale
El martes, la primera jornada dejó declaraciones que todavía resonaron en el ambiente del miércoles. Marta Maffei, autora original de la Ley de Glaciares sancionada en 2010, calificó la convocatoria como de «una profunda ilegitimidad». No fue retórica: fue el diagnóstico de quien escribió la norma que hoy se busca desmantelar y que vio cómo el proceso para hacerlo se construyó sobre una exclusión masiva y deliberada.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel fue directo: «El agua no es una mercancía». La frase apuntó al corazón del debate que el oficialismo prefiere evitar: la modificación de la ley no es una discusión técnica sobre glaciares. Es una disputa sobre quién controla el agua en la Argentina, y para qué.
El abogado ambientalista Enrique Viale también denunció irregularidades en la metodología de las audiencias y advirtió que el proceso vulnera el Acuerdo de Escazú, incorporado al ordenamiento nacional por la Ley 27.566, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
El contexto que no hay que perder: minería, agua y soberanía
La reforma de la Ley de Glaciares no ocurre en el vacío. Se discute en el marco de una agenda de desregulación extractivista que el gobierno de Javier Milei profundizó desde su asunción, con el RIGI como herramienta central para atraer inversiones mineras bajo condiciones de opacidad y privilegio fiscal sin precedentes.
Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce. La Argentina tiene el 70% del agua dulce superficial de América del Sur. Modificar la ley que los protege, flexibilizando las zonas de exclusión o los criterios de inventario, equivale a abrir la puerta a proyectos mineros que hoy están vedados en áreas periglaciales y glaciológicamente sensibles.
La industria minera, particularmente la megaminería metalífera a cielo abierto, lleva años presionando para modificar la norma. Provincias como San Juan, con proyectos como Veladero y Pascua-Lama, fueron el epicentro histórico de ese lobby. El debate en el Congreso no puede leerse sin ese mapa de intereses.
La impugnación opositora
Once diputados de la oposición, entre ellos Fernando Ferraro, Margarita Selva, Natalia Zigarán y Eduardo Basualdo, presentaron una impugnación formal al proceso. El texto denunció «graves irregularidades en la metodología» que, según argumentaron, vulneran el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el Acuerdo de Escazú.
La impugnación no tuvo efecto inmediato. Las audiencias continuaron según el cronograma oficial. Los gritos del miércoles fueron la respuesta institucional.
Puntos clave
- 120.000 inscriptos, 380 habilitados: la proporción habla sola. El 99,7% de quienes quisieron participar no pudieron hacerlo en igualdad de condiciones.
- Un cronista fue expulsado a los gritos durante la segunda jornada, en un episodio que sintetizó la cultura de opacidad del proceso.
- Once diputados opositores denunciaron violaciones constitucionales y al Acuerdo de Escazú.
- Maffei, Pérez Esquivel y Viale calificaron el proceso de ilegítimo, mercantilizador del agua y violatorio de derechos ambientales.
- La presión por modificar la ley tiene nombre y apellido en el sector extractivo, que lleva años buscando ampliar su zona de operación en áreas glaciares.
- La discusión de fondo no es técnica, es política: ¿el agua es un bien común o una oportunidad de negocio?
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