El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) informó que la inflación de mayo en la provincia de Córdoba fue de 1,72%, el nivel más bajo desde julio de 2020, cuando se había ubicado en 1,9% en pleno aislamiento por la pandemia.
El dato, que representa una señal positiva en el camino hacia la estabilidad, marca también la primera vez en casi cinco años que el índice mensual perfora el umbral del 2%. La Canasta Básica Total, de una familia tipo con cuatro integrantes debe destinar más de $1.445.530 para superar la línea de pobreza y al menos $772.602 para comprar los alimentos mínimos necesarios (Canasta Básica Alimentaria).
La fuerte desaceleración estuvo impulsada por la baja dinámica del rubro «Alimentos y Bebidas sin Alcohol», que tuvo un incremento de apenas 0,9%, algo que no ocurría desde 2019.
Este comportamiento ayudó a contener el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y refuerza la política oficial de enfriar la economía mediante un ancla cambiaria más rígida.
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Sin embargo, la estabilidad de precios parece estar ocurriendo a costa del consumo y el poder adquisitivo. Las encuestas realizadas por el IETSE a 2.500 hogares cordobeses muestran una realidad alarmante: el 57,9% no logra acceder adecuadamente a la Canasta Básica Alimentaria y el 88,4% financia la compra de alimentos con tarjetas, préstamos, fiado o asistencia estatal.
La situación social es especialmente crítica entre los hogares más vulnerables: casi el 20% se quedó sin alimentos en algún momento del mes y uno de cada diez reportó que al menos un integrante del hogar no comió o lo hizo solo una vez al día. Además, el 30,1% experimentó hambre sin poder satisfacerlo, un indicador de la fragilidad de la recuperación económica en curso.
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Desde el IETSE advierten que, si bien el descenso inflacionario es una noticia positiva, la mejora de los indicadores sociales no puede esperar. “La estabilidad de precios debe ir acompañada indefectiblemente de una recuperación palpable del bienestar social”, señala el informe.
