Durante una reunión en Diputados, empresarios denunciaron que persisten cargas laborales sin justificación, como aportes por COVID ya vencidos, contribuciones obligatorias a fondos de capacitación y seguros complementarios de retiro. Piden que esos fondos pasen al salario del trabajador.
Empresarios mayoristas alzaron la voz esta semana en el Congreso de la Nación para reclamar la eliminación de lo que consideran “costos ocultos” que encarecen el empleo formal en Argentina. Durante una reunión de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, denunciaron que aún se cobran cargas impuestas en pandemia o con fines poco claros, que no representan beneficios directos para el trabajador.
Entre los principales reclamos, los representantes del sector —convocados por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM)— señalaron:
- La contribución solidaria por COVID-19 a OSECAC, de $5.500 por empleado, que se continúa cobrando a pesar de haber sido creada en contexto de emergencia sanitaria.
- Un aporte obligatorio al INACAP (Instituto Argentino de Capacitación Profesional), de $4.725, aunque no todos los empleados reciben formación. “No sabemos en qué se usan los fondos”, criticó el empresario Farina.
- El seguro complementario de retiro, equivalente al 2,5% del salario, sin posibilidad de que el trabajador o el empleador opten por no adherir.
“¡No puede ser que ningún político lo haya visto y no lo haya derogado!”, exclamó Farina, visiblemente molesto. “De $1.241.189 que aporta el empleador, al trabajador sólo le llegan $457.312”, alertaron desde CADAM, señalando que más del 60% se pierde en cargas e impuestos.
Los empresarios manifestaron su apoyo al proyecto de ley presentado por la diputada Marcela Pagano, que propone que estas contribuciones sean voluntarias. “Estos costos afectan a todos: empleadores, trabajadores y consumidores, porque terminan influyendo en el precio final de los productos”, agregó Nicolás Vaccaneo.
Desde el sector mayorista aseguraron que no están en contra de los convenios colectivos ni de la capacitación laboral, sino de la falta de transparencia y de la persistencia de aportes obsoletos que encarecen el empleo y erosionan el poder adquisitivo del salario.
