Tras un largo intercambio, la Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer el proyecto de ley del Ejecutivo provincial para la regularización dominial de puesteros y la renegociación de contratos de concesión de las tierras de la empresa Salta Forestal.
Cuatro legisladores libertarios se abstuvieron de votar. La legisladora informante, la oficialista Socorro Villamayor, dio a entender que tomaron esta actitud porque el tema toca al libertario Alfredo Olmedo, hoy legislador del Parlasur, miembro de una familia sojera que aprovechó por muchos años una concesión otorgada en la década del 90 por el gobierno del actual senador Juan Carlos Romero (también devenido libertario) y explotó estas tierras sin pagar todo el canon que correspondía.
Al presentar el proyecto, Villamayor dijo que expresa la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz de regularizar la situación dominial de más de 110 puesteros, algunos de los cuales habitan en estas tierras desde 1920, muchos años antes de que se creara Salta Forestal, constituida recién en 1974, durante la gestión de Miguel Ragone, único gobernador desaparecido por el terrorismo estatal.
Villamayor también recordó que inicialmente las tierras de Salta Forestal, poco más de 320 mil hectáreas, fueron concesionadas en su totalidad a Eco Desarrollo, por entonces de la familia Olmedo. En la actualidad dos compañías tienen concesiones, Anta del Plata y Cresud, 76 mil y 128 mil hectáreas, respectivamente, pero explotan solo 20 mil hectáreas cada una. Las otras hectáreas concesionadas permanecen improductivas, pese a que la concesión indica expresamente que deben ser puestas en producción y pagar el canon por los recursos obtenidos.
El objetivo principal del proyecto de ley, dijo Villamayor, es que aquellas familias que siempre vivieron ahí, que se dedican a la ganadería, “puedan salir de la situación de incertidumbre” porque podrán regularizar su situación dominial. De paso, recordó que hasta ahora ningún presidente de la sociedad anónima Salta Forestal buscó una alternativa de regularización dominial de los poseedores.
Requisitos para los poseedores
El artículo 4° del proyecto de ley establece una serie de requisitos para que las familias poseedoras puedan acceder a una extensión de 1.200 hectáreas cada una.
Si bien un relevamiento estableció que hoy hay 110 puesteros que se dedican a la ganadería a baja escala, la iniciativa prevé que se hará uno nuevo, a cargo de la dirección de Salta Forestal, que deberá individualizar a cada uno de los poseedores y enviar a la Cámara un proyecto de entrega de las tierras.
Quien pueda ser beneficiario de estas tierras deberá tener esa propiedad como principal medio de vida, deberá mantenerla en producción en forma personal, no podrá tener otro inmueble de propiedad de la provincia, y deberá desistir de continuar reclamando derechos sobre la posesión. Lo que permitirá “ terminar con cualquier litigiosidad que pudiera existir”, destacó Villamayor.
Es que, como lo resaltó el diputado Roque Cornejo (LLA), muchos puesteros están en condiciones de usucapir las tierras que habitan y, de hecho, el legislador dijo que en el Poder Judicial de la provincia hay 134 expedientes en los que se tramitan procesos en relación a la propiedad de estas tierras, y consideró que la ley les estaría limitando derechos.
En cuanto a los requisitos, la transferencia de dominio se hará con el cargo de no enajenar, arrendar, donar ni constituir usufructo a favor de terceros ni ningún acto que altere el objetivo de uso productivo personal por el plazo de 20 años.
Por otro lado, el proyecto ley prevé que otros poseedores serán reubicados en el paraje La Bomba, en terrenos de hasta 1500 metros cuadrados. “Estas urbanizaciones son para familiares de los poseedores”, para personas que no trabajan ni producen en las tierras de Salta Forestal, explicó Villamayor, que aclaró que se buscará trabajar con los ministerios de Salud y Educación para asegurar el acceso a estos servicios. Y dijo que también se tratará de mejorar los caminos, que por lo general suelen permanecer en muy mal estado.
El diputado Néstor Parra (del mismo bloque que Villamayor, Salta Tiene Futuro, y presidente de la Comisión de Producción) recordó que se demoró una semana el tratamiento de la iniciativa para posibilitar reuniones con todos los actores involucrados, legisladores de las dos cámaras, productores e investigadores de la Universidad Nacional de Salta. “Hay plena conformidad de todas las partes», sostuvo. Esta afirmación le valió la respuesta de José Gauffín (ex PRO, hoy del bloque Independencia), quien recordó que en la segunda reunión, el 30 de junio, hubo poseedores que pusieron reparos, que cuestionaron que la consulta no fuera más amplia y también el traslado a La Bomba, porque no tiene servicios.
“Este proyecto viene a consolidar el dominio a favor de quienes realmente viven y trabajan la tierra”, sostuvo por su parte Parra, quien aseguró que las relocalizaciones serán «voluntarias y ordenadas”.
Renegociación de concesiones
En cuanto al otro gran aspecto del proyecto de ley, la posibilidad de renegociar los contratos de concesión con las dos grandes empresas que explotan parte de estas tierras del Estado salteño, la diputada Villamayor destacó que esta iniciativa permitirá que la provincia pueda «recuperar 160 mil hectáreas que hoy están improductivas por parte de ambas concesionarias”.
El Ejecutivo pretende concesionar nuevamente estas hectáreas, para ponerlas en producción y cobrar un canon.
Inicialmente Salta Forestal era una sociedad entre la provincia de Salta, que ponía las tierras, y la empresa Altos Hornos Zapla, que aportaba el capital, para el aprovechamiento del monte para la producción de carbón. La interrupción de la dictadura frustró el desarrollo de la empresa.
En 1998 el entonces gobernador Juan Carlos Romero entregó las 320 mil hectáreas en concesión a Eco Desarrollo Salta SA, una sociedad constituida por Alfredo Paulino Olmedo (padre de Alfredo Olmedo) y Néstor Cervera. Con el tiempo, ambas empresas se dividieron y cedieron sus derechos a otras firmas.
En la actualidad las tierras están en manos de Cresud, cuyo presidente es el empresario Eduardo Elsztain, y de la empresa Anta del Plata.
El diputado Roque Cornejo, cuyo bloque se abstuvo con el argumento de que faltaba el dictamen de la Fiscalía de Estado, cuestionó también que el proyecto de ley otorgue al directorio de Salta Forestal la posibilidad de renegociar estas concesiones. Es «una clara delegación de facultades, lo cual está prohibido en el artículo 4° de nuestra Constitución provincial”, sostuvo.
Los cuestionamientos
El diputado José Gauffín hizo un repaso de la historia de Salta Forestal y, si bien acompañó la votación, cuestionó en primer término la concesión a la familia Olmedo. “Hicimos un pésimo negocio en esa concesión original”, sostuvo en referencia al extenso plazo de gracia sin canon que se le otorgó a Eco Desarrollo para el aprovechamiento de una unidad productiva de rentabilidad potencial millonaria.
Ese contrato fue revisado durante la gestión del también del exgobernador Juan Manuel Urtubey. En 2018 se llegó a un acuerdo, Eco Desarrollo pagó un canon del 10% y devolvió 81.819 mil hectáreas. El diputado Luis Mendaña (del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), que puso el eje en la falta de transparencia de la gestión de Salta Forestal a lo largo de su existencia, agregó sobre este aspecto que persiste un «halo de sospecha» de que la provincia tuvo que condonar deuda para lograr la devolución de parte de las tierras.
Por su lado, Gauffín destacó los dichos de un puestero sobre la falta de información y de consulta, cuestionó que el directorio de Salta Forestal no haya concurrido a las reuniones y que no se hayan tenido en cuenta, dijo, los estudios técnicos, como el informe realizado en 2020 por el CONICET sobre los pobladores en las tierras de la empresa estatal.
Precisamente, Mendaña destacó el valor de este informe como punto de partida para el proceso de regularización dominial. El legislador del oficialismo firmó un dictamen en minoría, por entender que es importante que el gobierno, a través de Salta Forestal, “remita el informe una vez que se produzca la renegociación de los contratos de concesión” porque “ha sido muy complicado conseguir la información” y «eso no está bueno», advirtió. «Creo que hay que poner todos los niveles de transparencia que antes no se tuvieron”, reconvino.
El proyecto pasó al Senado para su revisión.
