Una medida cautelar suspendió este martes el decreto 116/25, con el que el Gobierno de Javier Milei intentaba avanzar en la privatización del Banco Nación, convirtiéndolo en una Sociedad Anónima. En la resolución firmada por el juez federal Alejo Ramos Padilla se indica, además, que el Poder Ejecutivo debe “abstenerse” de cualquier medida que vaya en el sentido de la privatización. La resolución también plantea un requerimiento a las autoridades para que en el plazo de 5 días “produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido”.
La medida fue tomada en el marco de una acción judicial presentada por el abogado Juan Honorio Guerrero Iraola y otros demandantes. Ellos solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad del decreto publicado el 19 de febrero. Afirman que la modificación jurídica y operativa del Banco Nación es el paso previo a su privatización.
Quienes presentaron el pedido de cautelar plantearon que el decreto “constituye un paso decisivo en la conversión del BNA en una sociedad anónima, lo que implica la pérdida de su carácter de ente autárquico del Estado Nacional”.
El fallo destaca que el Gobierno nacional fundamenta el Decreto 116/2025 en la Ley 27.742, que delega ciertas facultades de reorganización administrativa. Sin embargo, señala que dicha delegación “tiene como límite infranqueable el mantenimiento de dichas entidades dentro de la órbita pública, y no habilita la conversión del BNA en una sociedad anónima”. Bajo ese razonamiento, señala que la medida gubernamental “configura una maniobra encubierta e impropia de privatización”.
