De enero a julio de 2025, al menos trece periodistas han sido asesinados en América Latina, una cifra que ya rebasa los nueve casos registrados durante todo 2024, según datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF). La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales y cubrían temas relacionados con corrupción, crimen organizado, seguridad o medio ambiente.
En este contexto, México se mantiene como el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo, pues concentra la mayor parte de los casos con ocho homicidios posiblemente vinculados a la labor periodística, seguido por Perú con dos, y Colombia, Guatemala y Ecuador con un caso, respectivamente.
RSF advierte que la violencia letal contra periodistas continúa en aumento en la región y afecta principalmente a comunicadores que investigan asuntos sensibles en contextos de alto riesgo. En varios de los casos registrados, las víctimas ya habían reportado amenazas previas o campañas de difamación. Dos periodistas asesinados contaban con medidas oficiales de protección en el momento del ataque.
En México, la organización ha documentado nueve homicidios de periodistas entre enero y julio, ocho de los cuales tendrían relación con su actividad informativa. En enero, Calletano de Jesús Guerrero, inscrito en un programa federal de protección desde 2014, fue asesinado en el Estado de México. Alejandro Gallegos de León, director del medio La Voz del Pueblo, también fue ejecutado ese mismo mes tras publicar investigaciones sobre el crimen organizado.
El 2 de marzo, Kristian Uriel Zavala Martínez y Raúl Irán Villarreal Belmont fueron asesinados en Guanajuato. Ambos cubrían temas de violencia y desapariciones forzadas en una entidad con fuerte presencia de grupos criminales. En mayo, en Acapulco, Guerrero, fue asesinado José Carlos González Herrera, director del medio digital El Guerrero Opinión Ciudadana. Días antes había reportado sobre seguridad local y demandas ciudadanas.
En junio, Salomón Ordoñez, fundador de la página Shalom Cuetzalan Producciones, fue asesinado en Puebla; las autoridades investigan posibles vínculos con su labor como reportero. En Sonora, Ángel Sevilla, director de Noticias 644, fue asesinado el 7 de julio en el municipio de Cajeme, una zona con alta incidencia delictiva. Un día después, en Quintana Roo, el cuerpo del periodista Melvin García fue hallado en estado de descomposición. Había regresado recientemente del exilio tras denunciar amenazas por un libro que publicó en 1999. El 9 de julio, en Acapulco, Ronald Paz Pedro fue asesinado minutos después de realizar una transmisión en vivo.
En resumen, los periodistas que han sido asesinados en México en lo que va de 2025 son:
- Calletano de Jesús Guerrero (enero)
- Alejandro Gallegos de León (enero)
- Kristian Uriel Zavala Martínez (marzo)
- Raúl Irán Villarreal Belmont (marzo)
- José Carlos González Herrera (mayo)
- Salomón Ordoñez (junio)
- Ángel Sevilla (julio)
- Melvin García (julio)
- Ronald Paz Pedro (julio)
En Perú, los asesinatos de Gastón Medina Sotomayor, fundador del canal Cadena Sur TV en Ica, y Raúl Celis López, conductor de Radio Karibeña en Iquitos, ocurrieron en enero y mayo, respectivamente. Ambos periodistas habían denunciado actos de corrupción y reportado amenazas por su cobertura de conflictos ambientales.
En Colombia, en enero fue asesinado Óscar Gómez Agudelo, periodista independiente que investigaba vínculos entre estructuras armadas y autoridades locales. En julio, Gustavo Chicangana Álvarez, director de Guaviare Estéreo, sobrevivió a un intento de asesinato cuando su agresor no logró accionar el arma tras tres disparos fallidos. El caso se investiga como un ataque directo relacionado con su cobertura de desplazamientos forzados y violencia rural.
En Guatemala, en marzo, fue asesinado Ismael Alonzo González, director de la página Producciones Alonzo, dedicada a noticias comunitarias. En Ecuador, en el mismo mes, Patricio Ernesto Aguilar Vásquez, editor del medio digital El Libertador, fue ejecutado en Esmeraldas pocos días después de publicar un reportaje sobre redes de corrupción en el puerto local.
RSF calificó la situación como un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en América Latina. La organización solicitó a los Estados reforzar los mecanismos de protección, garantizar investigaciones independientes y sancionar a los responsables. También señaló que la impunidad persistente alimenta un ambiente de temor y limita el acceso de la ciudadanía a información de interés público.
