El boom de la criptominería en Paraguay tiene una cara oculta que ni los sindicatos ni los exfuncionarios quieren dejar pasar por alto. Mientras el sector privado celebra el ingreso del país al top 4 mundial de la minería de Bitcoin, con un 4,3% del poder de cómputo global, desde el Gobierno sopesan emitir bonos de Itaipú.
Fuentes del sector energético indicaron a LPO que Santiago Peña tiene en mente un ambicioso proyecto para convencer a su par brasileño Lula da Silva de emitir una millonaria emisión de bonos. La idea es repartir los recursos e ir pagando con un costo de la energía más alto.
Lula quiere patear la negociación por Itaipú hasta después de las elecciones en Brasil
En lugar de una baja de la tarifa, lo que se pronostica es más bien un tarifazo para los usuarios domésticos, aunque la propuesta no le cierra del todo al presidente de Brasil, quien afronta un incremento del costo de la energía en pleno año electoral.
Como adelantó LPO, el líder del PT busca retrasar las negociaciones en torno al Anexo C de Itaipú, al menos hasta que se conozcan los resultados de los comicios. En ese tren, el equipo técnico de Lula estudia alternativas para reducir el impacto de la suba en las facturas de los consumidores domésticos. Pero Peña tiene otros planes.
Con todo, el plan energético del Ejecutivo choca de frente con la realidad financiera de la ANDE, que actualmente compra electricidad a crédito y registra deudas acumuladas que preocupan en el mercado. Según datos que maneja la propia institución, la tarifa que hoy pagan los consumidores residenciales e industriales no cubre los costos reales del sistema, mientras que los grandes proyectos cuentan con condiciones imposibles de replicar para el resto.
Los técnicos ya vienen adviertiendo que, de no mediar un cambio de rumbo, Paraguay podría estar condenado a importar energía en menos de cuatro años.
El plan energético del Ejecutivo choca de frente con la realidad financiera de la ANDE, que actualmente compra electricidad a crédito y registra deudas acumuladas que preocupan en el mercado. Según datos que maneja la propia institución, la tarifa que hoy pagan los consumidores residenciales e industriales no cubre los costos reales del sistema
Para el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), la ecuación es tan clara como alarmante. Su secretario general, Adolfo Villalba, expresó un rechazo a los decretos 5306 y 5307, que establecen tarifas preferenciales para electrointensivas como las granjas de criptominería. «El decreto es ilegal y pisotea a la ANDE», sentenció. También denunció que la institución no participó en su elaboración.
El exconsejero de Yacyretá Ángel María Recalde alertó esta semana en Ñandutí sobre el peligro de firmar contratos a 15 años con precios fijos y por debajo del mercado, lo que constituye un «peligro» para la ANDE y para todo el país. La exviceministra de Minas y Energías, Mercedes Canese, también calificó como una «verdadera barbaridad» la iniciativa de la estatal de minar bitcoins.
El ruido de fondo que agrava el conflicto es el financiero. Para 2025, el déficit tarifario acumulado llevó a la ANDE a un punto crítico, obligada a recomprar deuda a tasas insostenibles mientras las pérdidas por criptominería ilegal alcanzaban los G. 14.000 millones mensuales. Ante este panorama, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, admitió abiertamente que se necesitan tarifas más altas para sostener el sistema.
