Finalmente, el presidente Javier Milei aceptó este lunes la renuncia al juez federal Marcelo Bailaque, acusado de tener vínculos con el narcotráfico en Rosario y quien había presentado su dimisión hace dos semanas.
Con esta decisión, que entrará en vigencia este martes 1 de julio, el controvertido magistrado logró evitar su destitución por parte del Consejo de la Magistratura, y conservaría todos los beneficios como juez, incluida una generosa jubilación. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia indicaron que, si lo inhabilitan de forma total, el magistrado perdería esos privilegios.
El magistrado tiene una orden de prisión preventiva en su contra dictada a fines de abril por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, la cual no había entrado en vigencia porque tenía inmunidad de arresto por sus fueros. Ahora se especula que podría cumplirla en forma domiciliaria.
Bailaque fue citado a hacer su descargo ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que preside Luis Juez tras una acusación del diputado del PRO y consejero Álvaro González.
Sin embargo, habría prevalecido un supuesto diálogo entre el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, sobre qué camino corresponde seguir, contaron fuentes judiciales.
La acusación
Marcelo Bailaque está imputado en causas donde se investigan sus vínculos con un contador de un narco y un ex funcionario de la AFIP que arreglaba deudas impositivas. La medida incluyó un embargo de 1.500 millones de pesos sobre sus bienes, informaron a Clarín fuentes judiciales. Además, se le bloquearon todas las cuentas bancarias.
Según informó Cadena 3, Bailaque había iniciado días atrás los trámites para jubilarse con el trámite especial del Sur (fue juez en Caleta Olivia) y ahora su salida fue aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional.
En marzo, la Cámara Federal de Casación Penal decidió una cuestión procesal que definió la situación judicial del entonces juez federal de Santa Fe Bailaque e, indirectamente, de su colega Gastón Salmain, investigados en un supuesto entramado de corrupción donde se mezclan narcos, ex funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y financistas.
El máximo tribunal penal –después de la Corte- resolvió que el caso sea investigado bajo el sistema penal acusatorio, que se implementó en mayo del año pasado en Rosario y no bajo el sistema escrito que aún funciona en una parte del país, pero no en Santa Fe.
La defensa de Bailaque reclamaba que se haga bajo el viejo código que es más lento y le permitía al magistrado ganar tiempo mientras el Consejo de la Magistratura avanzaba en una denuncia por supuesto mal desempeño en su contra. En cambio, el sistema acusatorio “pone plazos y acelera los tiempos”.
Bailaque estaba al frente del juzgado federal 4 de Rosario. Pero desde noviembre del año pasado quedó formalmente acusado por un grupo de fiscales federales de delitos como corrupción, vínculos con contadores del narcotráfico y beneficios a favor de un financista.
Entre otras medidas, Bailaque está acusado del armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente se arrepintió el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna.
Cúneo Libarona ratificó que el Gobierno aceptó la renuncia de Bailaque: piden «una investigación a fondo»
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Bailaque, y aclaró que esa situación implica “la pérdida de sus fueros”. Además, sostuvo que la dimisión permitirá que se haga efectiva la prisión preventiva dictada por el Juzgado Federal 4 de Rosario y confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de la misma ciudad.
El magistrado está imputado como autor de los delitos de “extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal”.
En el mismo sentido, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, explicó que el Gobierno pretende que “se investigue a fondo y que, si la Justicia decide aplicarle la inhabilitación absoluta, conforme al artículo 19 del Código Penal, ese juez pierda el derecho a percibir la jubilación de privilegio”.
“En la Nueva Argentina no hay intocables. Estamos llevando adelante una reforma profunda y estructural de la Justicia que permitirá que los delincuentes vayan presos”, señaló el número 2 de Justicia.
