El presidente Javier Milei ha desatado una nueva controversia al designar a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema sin la aprobación del Senado. La decisión, tomada por decreto, ha sido calificada como inconstitucional por expertos y organismos de derechos humanos, quienes advierten que se trata de una maniobra autoritaria que pone en riesgo la independencia judicial.
El trasfondo de esta jugada política no es menor: el mandatario se encuentra en el ojo de la tormenta por el Criptogate, un escándalo que lo señala como el principal responsable de una estafa millonaria. En este contexto, la designación exprés de los jueces parece una estrategia para desviar la atención de un caso que podría poner en jaque su gestión.
Desde la Casa Rosada, justificaron la medida apelando al artículo 99 de la Constitución, que permite al Ejecutivo nombrar funcionarios en comisión durante el receso del Congreso. Sin embargo, juristas como Andrés Gil Domínguez sostienen que este nombramiento es nulo y va en contra de los principios constitucionales.
Las reacciones no se hicieron esperar. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció que podría acudir a la Justicia para frenar el avance de Milei sobre el Poder Judicial. Mientras tanto, sectores de la oposición denunciaron que la maniobra representa un “golpe institucional” que viola la separación de poderes.
El Senado, por su parte, se mantiene en alerta. Con una mayoría opositora capaz de bloquear la designación definitiva de los jueces, la medida del Ejecutivo podría quedar en la nada una vez que el Congreso reanude sus sesiones. Aun así, Milei apuesta a consolidar su influencia en la Corte Suprema con una maniobra que recuerda a los intentos fallidos de Mauricio Macri en su gestión.
El escándalo del Criptogate sigue creciendo y, con él, la desesperación del gobierno por cambiar el foco de atención. La pregunta es: ¿hasta dónde llegará Milei para evitar que la verdad salga a la luz?
