Apenas pocos días después de que Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que establece que el Estado norteamericano sólo “reconoce dos sexos, masculino y femenino” (que) “no pueden ser intercambiables y están fundados en una realidad fundamental e incontrovertible”, su «chirolita» en Argentina lanzó un ataque violento, desde la tribuna empresaria de Davos, contra lo que llamó “la ideología woke” y prometió iniciar una acción para convertir el planteo contra el derecho a la diversidad sexual en legislación. La amenaza apunta al matrimonio igualitario, a las resoluciones que protegen a las disidencias sexuales y, en definitiva, el derecho al aborto.
Milei extendió el ataque a los Acuerdos internacionales sobre el cambio climático y, aunque no lo dijo, tiene en carpeta un retiro de la Organización Mundial de la Salud, que Trump ya concretó. Trump y Milei denuncian a la OMS por “confiscar” los ingresos y la libertad de las personas durante la Covid-19.
Milei tiene en claro que estos planteos responden a una crisis a nivel de “las elites globales y locales”, como lo señaló textualmente en Davos, acerca de la dirección estratégica que debe adoptar el capitalismo mundial cuando atraviesa una crisis histórica que va desde la desintegración del sistema político internacional al desarrollo de una guerra mundial. Queda de manifiesto la falacia que atribuye a Trump una posición “transaccional”, que consistiría en fortalecer su posición negociadora mediante el recurso a la amenaza. Trump acaba de oficializar su planteo de “limpiar” a Gaza de palestinos, para convertir a la Franja en una suerte de Riviera sionista sobre el Mediterráneo y dominar una cuenca rica en recursos de gas. Durante estas mismas décadas, la burguesía mundial se había puesto de acuerdo en una agenda que reglamentaba nuevos derechos políticos y que procuraba también enfrentar el calentamiento global por medio de una “transición” que combinaba el extractivismo, por un lado, con el desarrollo de tecnologías “verdes”, por el otro, subsidiadas por el Estado, o sea, por contribuyentes y trabajadores. Esta agenda “woke” no era obrera ni socialista, sino imperialista, porque apuntaba a fortalecer las guerras mediante un discurso democrático. Es una agenda abrazada y promovida por la inmensa mayoría de las burocracias obreras, las direcciones feministas y, por supuesto, el conjunto de la izquierda democratizante.
La expulsión masiva de inmigrantes en Estados Unidos como en Europa ha sido impulsada, sin embargo, por gobiernos que reivindican el ‘wokismo’ y por gran parte de la centroizquierda en Europa. El intento de acabar con la “agenda woke” y pasar a la del fascismo, desata, sin embargo, fuertes contradicciones, porque deja sin sustento el discurso democrático con que el imperialismo ha emprendido las guerras contra los regímenes “autoritarios”, que incluyen a Rusia y China. Argentina ha pasado a la ejecución de un programa antiinmigrante, con el plan Güemes de Patricia Bullrich y Gustavo Sáenz, en Salta, y la erección de alambradas en Aguas Blancas, departamento de Orán, en la frontera con Bolivia.
Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, han aportado su granito propio a la campaña contra los derechos civiles de la diversidad, pero de un modo bizarro. Por primera vez, los políticos punitivistas se enrolan en una posición garantista, al cuestionar la norma del Código Penal que agrava las penas por crímenes contra las mujeres en un contexto, que debe ser probado en sede judicial, de “violencia de género” (por ejemplo, violencia doméstica o violación seguida de muerte). Sostienen, sorprendentemente por parte de punitivistas, que esa figura (popularizada como “femicidio”) no toma en cuenta los factores de conjunto (sociales) que determinan la violencia contra la mujer, como si la consideración de esos factores fuera (como no lo son) la base de la legislación penal para los delitos en general. La legislación penal aborda un hecho consumado, no lo previene ni lo impide, de modo que no protege el “bien jurídico” (la vida de la mujer), sino que castiga (con posterioridad) la destrucción de ese bien, a través de una condena agravada. Pero sí protege otro bien jurídico, como es la propiedad privada, ex ante, al punto de que justifica la violencia personal, e incluso policial, contra el intento de violarla. El caso Chocobar es uno de los tantos emblemáticos al respecto.
Cúneo Libarona quiere avanzar su agenda contra el matrimonio igualitario y contra el derecho al aborto, con una chicana garantista contra el garantismo ‘woke’. Los factores de conjunto que intervienen en la violencia contra la mujer (la miseria social, la falta de empleo, la captura de los chicos por los narcos, las doce horas de trabajo precario, la falta de educación infantil y general, la vivienda digna, la alienación humana que consiste en vivir para trabajar en beneficio de otro), a Cúneo lo tienen como promotor. El movimiento de la mujer, por su lado, no plantea reivindicaciones penales, sino derechos políticos; lo mismo reclaman las diversidades sexuales o de género.
La tarea no es volver a Milei al closet, sino desarrollar una lucha de clases integral (económica, política, cultural, internacional) para la conquista del poder político por parte de los trabajadores.
