El paquete previsional, aprobado por el Congreso, incluye subas en jubilaciones y bonos, la moratoria y la emergencia en discapacidad. El Ejecutivo tendrá 10 días hábiles para promulgar o vetar las leyes.
El presidente Javier Milei tendrá hasta el 30 de julio para decidir si veta o promulga el aumento a las jubilaciones y otras leyes previsionales aprobadas por el Congreso. Según anticiparon fuentes parlamentarias, este miércoles el Senado giraría oficialmente al Poder Ejecutivo el paquete de normas, lo que activará el plazo legal de 10 días hábiles para su definición.
La ley sancionada en la Cámara Alta incluye el aumento del 7,2% a las jubilaciones, el incremento del bono previsional a $110.000, la reinstauración de la moratoria jubilatoria y la declaración de emergencia en discapacidad. Milei ya anticipó que no promulgará las iniciativas, pero aún no formalizó el veto.
Negociaciones en marcha y tensiones políticas
El retraso del envío desde el Senado obedece a motivos técnicos —revisión del texto final sin modificaciones—, pero también responde a una estrategia política: abrir una ventana para que el Ejecutivo negocie con gobernadores y bloques afines, especialmente en plena feria parlamentaria.
En este escenario, el oficialismo buscará consolidar un «bloque de veto» en Diputados que le permita sostener un eventual rechazo a las leyes previsionales. Hoy, La Libertad Avanza y el PRO suman 74 votos, número que podría ampliarse con aliados, pero no alcanzaría los 87 necesarios para bloquear una insistencia opositora.
Desde la oposición aseguran que el malestar con el oficialismo ha crecido incluso entre legisladores que hasta ahora se mantenían en silencio, lo que aumenta las chances de ratificar las leyes aún si Milei opta por vetarlas.
Qué podría mantenerse y qué está en riesgo
En los bloques que impulsaron el paquete previsional, hay expectativas de sostener al menos el incremento del 7,2%, el bono de $110.000 y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, la reinstauración de la moratoria jubilatoria aparece como el punto más vulnerable políticamente, ya que requiere mayor respaldo para ser ratificada frente a un posible veto presidencial.
La definición del Ejecutivo se dará en un clima de alta tensión social y política, y con la mira puesta en la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre.
