Tras la devastadora tormenta que azotó a Bahía Blanca —dejando un saldo de 13 muertos, viviendas destruidas y una ciudad colapsada—, el Congreso había aprobado una ley de emergencia para destinar fondos y recursos directos a la reconstrucción. Sin embargo, el presidente Javier Milei decidió vetar la norma, argumentando que el Estado no debe intervenir con “gastos discrecionales” ni crear “privilegios regionales” con dinero público.
Link del veto :
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327332/20250624?utm_source

La medida fue un nuevo capítulo de su doctrina de “motosierra fiscal”, pero esta vez con una dimensión humana y simbólica alarmante: se desoyó un pedido colectivo frente a una tragedia concreta. La comunidad bahiense quedó sin respaldo institucional mientras intenta levantarse del desastre con medios propios y solidaridad vecinal.
Crítica desde el enfoque social

El veto no solo detiene fondos: rompe un pacto implícito entre sociedad y Estado.
Cuando lo excepcional golpea —como una inundación que arrasa barrios enteros—, lo esperable no es neutralidad ideológica sino respuesta urgente, empática y material.
Milei no niega el drama, pero lo abstrae en el lenguaje técnico de “racionalidad económica”. Lo que está en juego, sin embargo, no es una planilla de Excel: son vidas reales, casas mojadas, chicos sin escuela y comercios hundidos.
¿Qué dice esto de su modelo político?
El veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca no es un error aislado, sino coherente con su visión libertaria extrema: un Estado que no asiste, no equilibra, no interviene… ni siquiera en la emergencia. Para algunos, es un acto de firmeza doctrinaria; para otros, un abandono inhumano disfrazado de coherencia fiscal.
El riesgo es que, si el Estado se repliega incluso ante la catástrofe, ¿quién queda para sostener a quienes pierden todo?
La tragedia de Bahía Blanca se agrava por el eco vacío del poder central. El veto presidencial no es solo una negativa técnica: es un mensaje político sobre qué vidas son prioridad y cuáles no. En nombre del ajuste, se rechaza una ley que era más que números: era una forma de decir “estamos con ustedes”.