El presidente Javier Milei firmó los vetos a dos proyectos de ley claves que habían sido aprobados por el Congreso: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la declaración de emergencia en discapacidad. Ambos vetos serán publicados oficialmente este lunes en el Boletín Oficial, lo que abre un nuevo capítulo de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Las iniciativas habían recibido respaldo en el Senado a principios de julio, pero el Gobierno decidió postergar la firma de los vetos con el fin de dificultar una pronta respuesta por parte del Congreso. Esta táctica dilatoria le permite al oficialismo ganar tiempo para negociar con gobernadores y sectores aliados, con el propósito de evitar una derrota en la Cámara de Diputados.
La normativa referida a jubilaciones proponía una actualización mensual combinando el índice de inflación con la evolución de los salarios, y establecía un piso de aumento que mejoraba las condiciones frente al esquema actual basado en decretos.
Por otro lado, el proyecto sobre discapacidad buscaba declarar la emergencia en ese sector debido a los recortes presupuestarios que han impactado negativamente en la continuidad de servicios, el transporte y la atención integral para personas con discapacidad. Organizaciones sociales y profesionales venían reclamando medidas urgentes frente a la falta de pagos y prestaciones interrumpidas.
Con la publicación de los vetos, la oposición necesitará reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para revertir la decisión presidencial, un escenario que por ahora luce complejo. La sesión de este miércoles, que fue convocada recientemente, no incluirá aún el tratamiento de estos vetos, lo que refuerza la estrategia del Ejecutivo de descomprimir la tensión parlamentaria mientras consolida apoyos.
Desde el Gobierno justifican su decisión señalando que ambas leyes son «fiscalmente inviables», en el contexto de una política de ajuste que busca eliminar el déficit fiscal. El Presidente ya había advertido en más de una oportunidad que no avalará ningún proyecto que implique un aumento del gasto público.
