En declaraciones a Emisoras Unidas, la titular precisó primero que del 88 al 90 por ciento de los centros escolares públicos del país continúan en funcionamiento, tras la convocatoria del cuestionado líder sindical Joviel Acevedo.
Aseguró que su cartera está actuando con firmeza para defender el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y detalló la recepción de alrededor de tres mil denuncias de padres de familia y maestros.
Muchas de ellas –explicó la funcionaria- guardan relación con presuntas exigencias de pago para participar en las manifestaciones y el cierre de escuelas.
«A la fecha, tenemos tres amparos otorgados (por la Corte Constitucional) en favor de la educación», describió Giracca, quien señaló, por otra parte, que ya levantaron seis mil 500 actas disciplinarias contra maestros que abandonaron sus labores sin justificación.
La primera medida y que tiene un impacto importante en los docentes que incumplieron con su deber de dar clases es la suspensión de 10 días sin goce de salario, expresó.
Argumentó que no existe un pulso político con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y particularmente con Acevedo, solo que la actual administración tiene el compromiso de transformar de fondo el sector.
La ministra insistió en que las clases se repondrán y que trabajan para garantizar que ningún estudiante pierda el ciclo escolar por causas ajenas a su voluntad.
La medida de presión del STEG contra lo que considera un aumento salarial insuficiente para los maestros, preocupa en Guatemala a organizaciones de la sociedad civil e indígenas.
Diferentes entidades y sindicatos magisteriales se pronunciaron en contra y recordaron que dicho gremio operó de “manera política y a favor de los gobiernos más corruptos”.
Exconstitucionalistas y juristas declararon a la prensa local que el sindicato de Joviel Acevedo reta al sistema de justicia a partir de que se les indicó abandonar la protesta.
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