En conferencia de prensa, la organización reiteró su denuncia de la cooptación y el secuestro del Estado, “cómplice de que se sigan atropellando a de los defensores de derechos colectivos y de la Madre Tierra”.
Elizabeth Florián, a nombre del grupo, expresó solidaridad con los exlíderes de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán, detenidos –consideró- ilegalmente, en relación con las protestas en defensa de las elecciones de 2023.
Aseguró que no están solos, “porque todos los movimientos sociales somos uno, amamos, añoramos y hemos venido trabajando, como Codeca desde hace 32 años, por una Guatemala diferente”.
Su organización recordó -no solo es un Comité de Desarrollo nacido en 1992 con 17 campesinos hartos de la explotación de los ingenios y de las fincas de café, sino que está a nivel nacional.
Mediante un comunicado, Codeca enfatizó que las riquezas se siguen acumulando por medio del saqueo y el crimen en las manos de las mafias empresariales aglutinadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.
También- añadió- de unas políticas, de partidos corruptos, en manos de militares responsables del genocidio de los años 80 del pasado siglo y de la represión actual y también de entidades transnacionales y del crimen organizado.
Señaló al gobierno de cómplice del actuar del Ministerio Público, y al titular de Gobernación de ejecutar las detenciones ilegales, las cuales empobrecen más a la mayoría de la población.
En el texto mencionó que las condiciones de vida de los pueblos empeoraron y criticó la aprobación de la Ley de infraestructura vial que abre la puerta a la privatización de las carreteras, así como la intención de renovar la concesión a la empresa petrolera Perenco.
Reprobó el aumento exagerado al salario de los diputados, ello frente a los sueldos de hambre de la mayoría, la negociación de una Ley de aguas a espaldas de las comunidades.
Exigió a la administración del país que cumpla la promesa de sacar a todos los corruptos de las instituciones del Estado, que asuma su responsabilidad de reparar las carreteras del país y que no las privatice.
Demandó a los legisladores que deroguen el acuerdo de incremento salarial adoptado en noviembre del año pasado y repudió además toda intención de privatización del agua. Pidió la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras Argueta y de todos los fiscales y jueces corruptos que dejaron en libertad a criminales y asesinos y persiguen a quienes defienden los derechos humanos y a la Madre Tierra.
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