En el acto oficial de asunción de las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), encabezado por Cristina Lustemberg y Leonel Briozzo, se presentaron este viernes de tarde, con la presencia del presidente Yamandú Orsi, las diez “prioridades” de la cartera, destacando que los problemas del sistema “requieren estrategias de corto, mediano y largo plazo”.
El nuevo MSP presentó un documento con las bases de lo que será su trabajo, al que accedió El País, en el que se marca como prioridad de corto plazo el “abordaje de los problemas identificados como más urgentes y relevantes, como la salud mental y en el consumo problemático de sustancias”.
A mediano plazo, la gestión de Lustemberg se marca como prioridad “implementar las medidas estructurales que aseguren el acceso y la equidad en la atención a la salud de las personas”.
Y a largo plazo buscarán “impulsar cambios que mejoren la salud con otros ministerios y organizaciones, de manera transversal e intersectorial, para que las políticas de salud sean políticas de estado”.
En un apartado sobre las “prioridades en función de los problemas identificados”, se enumeraron las diez dificultades identificadas en la marcha sanitaria, adjuntando la solución prevista.
El primer problema marcado es que los usuarios no están recibiendo la atención “en tiempo y forma”. Así como los pacientes «perciben” que “el sistema y sus instituciones no están centrados en las personas, y no respetan los principios de equidad, oportunidad y continuidad en la atención”.
“La promoción y prevención, a pesar de lo establecido en la ley de creación del SNIS, no han tenido un desarrollo acorde a las necesidades de salud que se correspondan con el perfil epidemiológico de la población”, indicó la nueva gestión.
Frente a este problema, la cartera se fijó como prioridad “lograr una mejora de la calidad de la atención a la salud en todo el territorio nacional brindando atención de forma oportuna y con la debida continuidad y calidad asistencial acorde a las necesidades de atención de la ciudadanía”.
El segundo problema planteado tiene que ver con las “dificultades” para acceder a especialistas médicos, estudios diagnósticos e intervenciones quirúrgicas.
Las prioridades son “mejorar el acceso a la atención de calidad en tiempos adecuados”, que implica la atención con profesionales “capacitados” y con “roles claramente definidos”, procurando llegar a un “acceso adecuado”.
El tercer problema identificado es que la canasta del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), común a todos los prestadores, “está desactualizada”.
Esto deriva en que los procedimientos y tratamientos por fuera tienen precios “desregulados y excesivamente altos”, lo que supone una “barrera” para el acceso a la población.
“Los usuarios del SNIS tienen dificultades para acceder a los medicamentos necesarios para el tratamiento y control de las enfermedades debido al precio de los tiques o a su falta en las farmacias institucionales”, marcó la nueva administración.
Dentro del mismo punto, las nuevas autoridades señalaron la falta de una “reglamentación de prescripciones de medicamentos” y que “no hay una política definida en cuanto a las presentaciones de los fármacos”, lo que supone una “posible distorsión”.
La prioridad para el MSP en este sentido es “garantizar el acceso a los medicamentos y a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en forma oportuna y a un costo accesible”.
El cuarto problema detectado por el MSP es que el primer nivel de atención (PNA) “no siempre funciona adecuadamente” como puerta de entrada al sistema.
Los usuarios, indicaron, deben “trasladarse a los hospitales o sanatorios centralizados en las grandes ciudades para realizarse exámenes, tratamientos y retirar medicamentos, que deberían estar disponibles en el PNA”.
Al respecto, la prioridad de Salud Pública es “mejorar significativamente el acceso y resolutividad del primer nivel de atención”.
El quinto problema identificado es que, sostienen, “no se ha cumplido” con la Ley de Salud Mental, ni con el Plan de Salud Mental, por lo que “existe dificultad para el acceso la prevención, atención y rehabilitación establecidos”.
En línea con los anteriores puntos, se tiene como prioridad “generar un sistema de atención adecuada y con equidad de la salud mental de toda la ciudadanía en todos los territorios”.
El sexto problema para el MSP es que “no existe un abordaje integral y priorizado de la discapacidad, del envejecimiento saludable, y de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo”, como la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, y otras. “Tampoco existe una perspectiva de género”, añadió la cartera, planteando que “la salud de las mujeres no está adecuadamente priorizada”.
Al respecto, la nueva gestión buscará “establecer medidas para abordar de manera integral y transversal a la discapacidad, de fomento del envejecimiento saludable, de las de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo”.
El séptimo problema registrado por el MSP es que “existen muchas falencias en la atención integral de la salud en las poblaciones desde el embarazo, la primera infancia, infancia y adolescencia y sus núcleos familiares”, que impacta en la pobreza infantil.
En este sentido, se planteó “priorizar la salud de la primera infancia, infancia y adolescencia, así como su rol principal en el desarrollo nacional”, que vaya “en línea con la reglamentación de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia y el objetivo de reducción de la pobreza infantil”, que ronda el 20% en Uruguay, el doble que la general.
El octavo problema detectado por el MSP es que los usuarios “no siempre son escuchados” en sus reclamos y que “no se garantiza en todos los casos respuestas y soluciones a los problemas visibles”. Así como “tampoco hay un análisis de indicadores” en ese sentido.
Como prioridad, la cartera se planteó “establecer un modelo y canales para garantizar la escucha y atención a los usuarios en sus inquietudes y necesidades”. Y adelantó que en “muy poco tiempo” se lanzarán “canales efectivos nacionales de atención” a los usuarios.
El noveno problema que advirtió la nueva gestión es que “no existe» una integración «real” entre los prestadores públicos y privados con las “instituciones de cobertura parcial o específica”, como las emergencias móviles, ministerios y ANEP, que permita el acceso a una atención integral “que tome en cuenta los determinantes sociales de salud”.
La prioridad pasará por “fortalecer la atención a la salud con calidad asegurando la integración y complementación entre los prestadores públicos y privados en la atención de los problemas de salud tiempo-dependientes en todo el territorio nacional”.
La décima dificultad que observaron es que algunas instituciones de la salud “presentan una situación económico financiera que requiere de un seguimiento más cercano por parte del organismo regulador”, aludiendo a Casmu y Cudam.
La prioridad del nuevo MSP en este sentido pasará por “generar mecanismos que promuevan el control de la eficiencia para procurar la sostenibilidad de los prestadores integrales de salud y del Sistema Nacional Integrado de Salud”.
