Miles de ciudadanos se movilizaron en Cuenca, al sur de Ecuador, en una de las protestas más grandes de los últimos años, según reportó la agencia AFP. El rechazo se centró en el proyecto minero Loma Larga, impulsado por la canadiense Dundee Precious Metals, y en la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa.
La manifestación se realizó a pesar del estado de excepción que prohíbe reuniones públicas en siete provincias, incluida Azuay, donde se encuentra Cuenca.
La marcha, convocada con antelación, defendió el páramo de Quimsacocha, principal reserva hídrica para la ciudad, ante la inminencia de actividades extractivas. Participaron estudiantes, obreros, adultos mayores y comunidades indígenas.
La jornada culminó en la catedral local, donde el cardenal Luis Cabrera presidió una misa y llamó a proteger el entorno natural
El alcalde Cristian Zamora estimó una asistencia de entre 80.000 y 100.000 personas y declaró que la ciudad “dio un mensaje al mundo” sobre la importancia de preservar la naturaleza. Manifestantes expresaron preocupación por el posible impacto ambiental y la contaminación del agua que traería la minería, portando pancartas como “el páramo es cuna de vida” y “Quimsacocha no se toca”.
El proyecto Loma Larga se ha convertido en símbolo de la tensión entre desarrollo extractivo y protección ambiental. Diversos grupos sociales y ambientales advierten que la minería pondría en peligro la reserva de agua que sostiene a buena parte de la población local. Estos temores aumentaron durante la marcha, ante los mensajes que alertaron sobre el riesgo de contaminación irreversible.
La protesta se desarrolló en un contexto de malestar social por el aumento del precio del diésel, que pasó de USD 1,80 a USD 2,80 por galón tras la eliminación del subsidio vigente desde 1974.
El gobierno justificó la medida como una acción necesaria para equilibrar las finanzas públicas y redistribuir mejor la ayuda estatal. Sin embargo, la decisión generó manifestaciones, bloqueos y cortes en varias regiones, afectando especialmente a quienes dependen del transporte público.
Según datos oficiales publicados por el diario local El Comercio, entre 2010 y 2023 el Estado gastó más de USD 53.922 millones en subsidios a los combustibles. Analistas económicos señalaron que estas ayudas han beneficiado a contrabandistas y sectores de mayores ingresos, por lo que se propuso focalizar la compensación hacia los grupos que realmente dependen del diésel.
La respuesta oficial incluyó la autorización a las fuerzas de seguridad para disolver concentraciones públicas y garantizar el abastecimiento ante los bloqueos viales. El decreto de estado de excepción restringió las reuniones, aunque mantuvo el derecho a la protesta pacífica, siempre que no vulnere derechos de terceros.
Líderes como el dirigente de la Conaie, Marlon Vargas, exigieron revertir el decreto que elimina el subsidio, señalando perjuicios para los sectores más vulnerables.
El Frente Unitario de Trabajadores convocó nuevas movilizaciones, mientras en ciudades como Quito, estudiantes también protestaron por el aumento de los combustibles.
(Con información de AFP)
