A menos de una semana del vencimiento del plazo establecido por la Resolución 186/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Gobierno nacional decidió extender por 60 días la suspensión del ingreso de carne con hueso a la Patagonia desde zonas del país donde se vacuna contra la fiebre aftosa. La prórroga tiene como fin ganar tiempo mientras se esperan las respuestas de mercados internacionales clave como Chile y los países miembros de la Unión Europea, quienes fueron consultados acerca del posible impacto sanitario y comercial de una eventual flexibilización de la normativa.
El anunció había sido adelantado ayer en uno de los contenidos elaborados por +P en el que se señalaba que el SENASA había solicitado esta prórroga al gobierno Nacional a la espera de definiciones de los mercados externos. La versión que circuló en los pasillos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGPyA) «es 90% cierta», dijeron a +P fuentes de una de las principales organizaciones del campo y que integra la mesa de enlace.
“El dato ya fue chequeado por nosotros y tiene asidero”, dijo desde su oficina en Buenos Aires un miembro de esta organización, dando crédito a la posibilidad de dejar la situación sin definir más allá del plazo del 16 de junio establecido en la resolución N°186/25 que postergó la flexibilización. “Es todo muy desprolijo”, adelantó un funcionario provincial ante estos rumores, atento el “manoseo”, al que se somete a toda la cadena de la industria cárnica de la provincia, que debe pertrecharse de suplementos dietarios para sus rodeos ante la inminencia del invierno, con precios atados a la incertidumbre legal.
La decisión, también confirmada por fuentes cercanas a la Secretaría de Agricultura al diario La Nación, representa una pausa estratégica frente a la polémica generada por la Resolución 180/2025, que a fines de marzo modificó las condiciones para el tránsito de productos cárnicos desde zonas con vacunación hacia la Patagonia, región que ostenta desde hace años un estatus sanitario libre de fiebre aftosa sin vacunación. La medida original buscaba habilitar el ingreso de carne con y sin hueso, productos cárnicos y material genético animal, pero generó un inmediato rechazo por parte de productores y frigoríficos patagónicos, que advirtieron sobre los riesgos de perder mercados internacionales construidos en base a dicho estatus.
Tras el aluvión de críticas, el SENASA emitió la Resolución 186/2025, que suspendió por 90 días la aplicación de la normativa, plazo que vence este 16 de junio. Ahora, el Ejecutivo nacional confirma que la suspensión se extenderá por otros dos meses.
“El objetivo es esperar las respuestas de los países con los que se hicieron consultas formales”, explicaron a este medio desde Agricultura. De acuerdo a lo manifestado semanas atrás por el secretario del área, Sergio Iraeta, durante su participación en las Nacionales Ganaderas de Corrientes, las gestiones diplomáticas fueron impulsadas a pedido de los productores patagónicos, preocupados por la posibilidad de que se afecte la exportación de carne ovina o se interrumpa el tránsito ganadero desde Tierra del Fuego, que requiere atravesar territorio chileno para llegar a Santa Cruz. “Consultamos si la decisión podía representar algún inconveniente con Chile, con la Unión Europea o con el traslado de animales. Enviamos notas a los países y estamos esperando respuestas”, indicó Iraeta en aquella ocasión.
Definiciones de los mercados
Si bien las autoridades aseguran haber recibido una señal positiva de parte de Chile en cuanto al tránsito de animales desde Tierra del Fuego —“No habría problema”, afirmaron—, todavía se aguarda una confirmación formal por parte de la Unión Europea sobre las posibles consecuencias de esta modificación en el régimen sanitario nacional.
Mientras tanto, en la Patagonia el rechazo persiste. Desde la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia, así como desde distintas asociaciones rurales del sur argentino, se viene denunciando que la Resolución 180/2025 constituye “un retroceso sanitario y comercial” que pone en jaque los logros obtenidos en materia de exportaciones y control sanitario. En un comunicado conjunto, los sectores alertaron que la apertura podría derivar en el quiebre de las explotaciones ovinas, el abandono de campos y la pérdida de soberanía territorial en zonas de muy baja densidad poblacional.
El cuestionamiento central apunta también a la falta de diálogo previo con los países compradores, así como a la ausencia de los mecanismos de consulta internacional habituales en el comercio de productos cárnicos. Por otro lado, se cuestionó el argumento esgrimido por el Gobierno nacional de que la medida buscaría aliviar los precios de la carne en la región patagónica.
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Las exportaciones de carne vacuna desde la Patagonia se mantienen en niveles muy bajos.
Y es que, según datos relevados en marzo, la diferencia de precios entre el norte y el sur del país resulta abismal. Mientras que en supermercados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el kilo de asado se ofrecía a $8200, en localidades del Alto Valle de Río Negro superaba los $20.000. Esa disparidad se explica, en parte, por la limitada oferta de hacienda en la región patagónica: con un stock de aproximadamente 1,2 millones de cabezas de ganado vacuno —con fuerte concentración en Río Negro y Patagones— y unos dos millones de ovinos, la demanda supera ampliamente la disponibilidad, encareciendo el precio al consumidor.
Cabe recordar que la restricción al ingreso de carne con hueso a la Patagonia está vigente desde 2001, cuando un rebrote de fiebre aftosa en el país obligó a implementar un estricto esquema de regionalización sanitaria. Desde entonces, la Patagonia se convirtió en una zona libre sin vacunación, lo que le permitió acceder a mercados exigentes con altos estándares sanitarios. Cualquier flexibilización de esa política debe, por tanto, contemplar no solo los aspectos económicos locales, sino también las posibles consecuencias sanitarias y diplomáticas.
Por ahora, con la prórroga oficializada, el Gobierno compra tiempo, pero la tensión entre las autoridades nacionales y los productores patagónicos continúa intacta. La respuesta de los mercados internacionales será clave para definir si finalmente se avanza o se descarta la polémica flexibilización.
Fuente: La Nación con aportes de la Redacción +P.
