En las últimas semanas, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, ha tenido gran exposición mediática por sus declaraciones sobre la situación en la frontera y la aplicación del Plan Güemes. Sin embargo, una de sus expresiones —calificar a la localidad como “Narcolandia”— provocó un profundo malestar en la comunidad.
La referente local Vides señaló que la frase “estigmatiza injustamente a una comunidad trabajadora” y sostuvo que, según estimaciones en la zona, solo un 1,5% de la población podría estar vinculada a actividades ilegales, cifra que debe ser investigada por la Justicia. “Esto no representa al conjunto de la comunidad ni al grueso de los trabajadores bagayeros que luchan por subsistir de manera honesta”, subrayó.
Críticas al enfoque institucional
Vides cuestionó que el interventor “no haya experimentado ni comprendido de primera mano lo que significa trabajar como bagayero”, lo que —según ella— lo lleva a perder de vista el esfuerzo y las condiciones en que se realiza esta actividad. Consideró que la narrativa construida “desde afuera y sin diálogo con la comunidad” genera distancia entre la autoridad y el pueblo.
Planteó la necesidad de un cambio en el enfoque institucional, “basado en el respeto, la escucha activa y el trabajo conjunto con quienes sostienen la economía local día a día”.
Plan Güemes y circulación fronteriza
En un texto entregado a autoridades nacionales de Seguridad, la dirigente advirtió que el Plan Güemes afecta los derechos de circulación de los vecinos, ya que Migraciones no cuenta con la infraestructura para registrar a miles de personas diariamente. Esto provoca largas filas y demoras, sin atención diferenciada para residentes locales.
Recordó que en el pasado existió la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF), que permitía a trabajadores y vecinos cruzar con mayor agilidad, evitando colapsos en los controles. La eliminación de este sistema —dijo— “ha perjudicado directamente a quienes más necesitan del cruce diario”, incluso obligando a algunos a “borrarse” del sistema migratorio si no pueden regresar en el tiempo previsto.
Problemas de accesibilidad y seguridad
Actualmente, los vehículos no pueden llegar hasta el puente internacional, lo que obliga a muchas personas a caminar más de dos kilómetros desde el edificio de Migraciones. “Esto afecta especialmente a adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niños o cargas pesadas”, remarcó Vides.
El camino carece de iluminación nocturna, lo que incrementa riesgos de accidentes e inseguridad. Además, señaló la falta de aprovechamiento de espacios públicos, como una zona ribereña usada por vecinos como área recreativa, que permanece sin regulación ni desarrollo.
