Javier Milei asumió la Presidencia hace exactamente 19 meses. Nunca pisó en ese tiempo una provincia estratégica, del corazón productivo de la Argentina.
Un gobernador suelta el dato con una mezcla de incredulidad y resignación. El testimonio se repite en casi todas las provincias y va alineado con un reclamo cada vez más constante por mayor atención y recursos.
El sábado, por caso, el Presidente pasó por Chaco y habló ante una multitud en un templo evangélico. Prácticamente no interactuó con Leandro Zdero, el mandatario local, su aliado en las últimas elecciones provinciales. Ingresó y se retiró por su cuenta. No puede contarse, casi, como una visita a la provincia porque no tuvo actividad más allá de ese acto con el polémico pastor local.
Esa situación refleja el mal clima entre la Rosada y los gobernadores, exacerbado en las últimas semanas por la presentación de dos proyectos de ley de las provincias, que buscan asegurarse más fondos en el reparto.
A tal punto se tensó la relación que Milei decidió cancelar el acto de vigilia por el 9 de Julio en Tucumán. Si bien la versión oficial es que se suspendió por la niebla, el faltazo masivo de los gobernadores a la cita resultó determinante.
Un desafío abierto en el Senado
Los dos proyectos de ley que los gobernadores presentaron en el Senado no sólo plantean un mayor nivel de recursos para las provincias de parte del Estado, sino también un desafío a un presidente que utiliza el veto como herramienta constante frente a iniciativas que, entiende, ponen en conflicto el equilibrio fiscal.
Los gobernadores saben que tienen peso propio en las dos cámaras para avanzar especialmente con el reclamo que tiene que ver con la eliminación de fideicomisos, mayores fondos por ATN y por la distribución del impuesto líquido a los combustibles.
Hay una decisión que trasciende a la mayoría de las provincias y que tiene que ver con la necesidad de mantener un vínculo fluido con el Gobierno y especialmente en no quedar expuestos ante un eventual dedo inquisidor de Milei que acuse a los gobernadores de atentar contra el reordenamiento de las finanzas públicas.
Pero también hay una sensación de asfixia que se viene dando en las provincias desde hace un año y medio, en relación al retaceo de fondos oficiales. A medida que pasa el tiempo, la paciencia se acorta y el punto cúlmine parece haber sido el de hace 15 días, en el CFI, cuando después de reunirse con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, los gobernadores armaron su propia cumbre y redactaron los proyectos legislativos.
El costo fiscal de los proyectos
Una de las quejas del Gobierno en la negociación con las provincias es el costo fiscal que implican los proyectos. «Lo que planteamos afecta apenas el 0,11% del PBI, aunque en realidad el número es cero, porque se trata de fondos que son 100% dinero de las provincias«, dice una fuente provincial, que se queja de que el Gobierno «dibuja el superávit con el fondo de ATN y con las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles líquidos que después no ejecuta en las provincias».
En el número fino, según fuentes provinciales, el texto sobre la redistribución de los ATN representa $ 252.063 millones, mientras que el relativo al impuesto a los combustibles líquidos equivale a $ 714.414 millones, es decir, un global de $ 967.377 millones.
Sobre las presentaciones en el Senado, además, detallan que se trata de una queja puntual y necesaria, que no implica que después los denominados gobernadores aliados, que integraban el frente de Juntos por el Cambio en 2023, aprueben otros proyectos claramente más sensibles para Nación, como el que promueve la suba de jubilaciones o impulsa una aprobación de la moratoria provisional, que impactarían hasta en un 2% en el Producto Bruto.
Otro punto de conflicto es la relación que tienen los gobernadores con los representantes de Economía. El ministro Luis Caputo delegó la negociación en su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que fue funcionario del PRO en los años del macrismo en el poder y que es bien conocido por los gobernadores aliados.
Sin embargo, el nivel de negociación que tienen, confían en privado, es prácticamente nulo, a partir del peso del mileísmo más duro en la toma de decisiones y la mano de hierro que intentan imponer cuando se sientan a negociar.
Las elecciones en cada provincia también representan un punto importante. Hasta ahora, sólo en Chaco se cerró una alianza clara entre un gobierno provincial y Nación. El desafío constante de la Rosada a los gobernadores en cada uno de sus distritos es otro motivo de distancia en la relación, cada vez más tensa.
