En el marco de las auditoras impulsadas por el Gobierno nacional para revisar la entrega de pensiones por discapacidad en todo el pas, crece la preocupacin entre organizaciones y beneficiarios del sector. En una entrevista con Somos la Maana, Carlos Corrales, vicepresidente de ALSA (Asociacin de Personas con Discapacidad de Salta), expres su malestar por el modo en que se estn llevando adelante los controles y advirti sobre las graves consecuencias sociales que ya se sienten en la provincia.
«No coincido en la forma en que se estn llevando adelante estas auditoras. No hay un trabajo articulado entre Nacin y Provincia para facilitar el acceso a los certificados, ni se respetan los principios de accesibilidad que deben garantizarse para las personas con discapacidad», lament Corrales.
En Salta, los testimonios son cada vez ms frecuentes. Las filas interminables en la sede de calle Belgrano y los turnos postergados hasta dentro de 3 o 4 meses son una constante. «Las oficinas donde nos atienden no estn preparadas para las personas con discapacidad. La accesibilidad es clave y hoy est completamente descuidada», denunci.
Actualmente, la pensin por discapacidad es de 260 mil pesos, una suma que no alcanza para cubrir las necesidades bsicas, y muchas personas del colectivo dependen exclusivamente de los hospitales pblicos, que ya estn desbordados por la alta demanda.
El contexto nacional
La meta oficial es recortar alrededor de 200 mil pensiones durante este ao, como lo establece el proyecto de Presupuesto 2025. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), su titular Fernando Spagnuolo asegur que las auditoras buscan detectar posibles irregularidades cometidas en el otorgamiento de beneficios durante el gobierno anterior. Sin embargo, el caso utilizado como ejemplo de «corrupcin» -una radiografa falsa de cadera de un perro- result ser una fake news, ya que la imagen fue rechazada por el cuerpo mdico y esa pensin nunca se entreg.
A pesar de ello, las auditoras continan y han sido duramente cuestionadas por su falta de organizacin y enfoque discriminatorio. Entre los principales problemas se encuentran:
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La empresa de correos Andreani, contratada por ms de 13 mil millones de pesos, no tiene alcance real a zonas alejadas ni barrios populares, lo que deja a miles de beneficiarios sin enterarse de su citacin.
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Muchas direcciones no estn actualizadas, y los plazos para cumplir con los requisitos vencen sin que las personas sean notificadas a tiempo.
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Las cartas documento no son accesibles para personas con discapacidad visual o intelectual, lo que fue denunciado por organismos como la ACIJ.
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En provincias como Salta y Santa Fe, las personas deben trasladarse kilmetros para realizar trmites bsicos, enfrentando salas de espera colapsadas y falta de personal.
A esto se suma la vuelta al antiguo decreto 432/97, que reinstaura un enfoque mdico de la discapacidad, previo a la Convencin de la ONU, a la que Argentina adhiri en 2014. Y la aplicacin de la polmica Resolucin 187/2025, que incluye trminos ofensivos como «idiota» y «moglico» en sus clasificaciones, y establece un nuevo «baremo» que endurece el acceso al beneficio. Aunque el Gobierno pidi disculpas pblicas, la normativa sigue vigente.
Corrales fue contundente: «Esto no es solo una auditora: es un ajuste encubierto que vulnera derechos fundamentales. No se puede hablar de eficiencia cuando se pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas«.
