La abogada santiagueña Agostina Páez, investigada en Brasil por un caso de injuria racial, quedó a un paso de regresar a la Argentina luego de una audiencia decisiva realizada este martes en Río de Janeiro. Según confirmó su defensa, no irá a prisión y solo resta que el juez determine el monto de la fianza para autorizar su salida del país.
La letrada permanece en Brasil desde enero, cuando fue denunciada por un episodio ocurrido en un bar del barrio de Ipanema. Allí, quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales realizando gestos considerados discriminatorios hacia trabajadores del lugar, lo que derivó en tres denuncias penales.
La acusación se redujo y no habrá pena de prisión
Durante la audiencia, la Fiscalía unificó las denuncias en un único hecho bajo la figura de delito continuado, lo que redujo considerablemente la expectativa de pena. De acuerdo a lo informado por su abogada, Carla Junqueira, la sanción mínima sería de dos años, pero podría ser reemplazada por tareas comunitarias en Argentina y el pago de una reparación económica a las víctimas.
Además, tanto la Fiscalía como la querella no se opusieron a que Páez regrese al país, por lo que la decisión final quedó en manos del juez, quien deberá establecer las condiciones económicas para su liberación.
«Fue la peor experiencia de mi vida»
A la salida de la audiencia, la propia Páez habló con la prensa y expresó su alivio, aunque también reconoció el impacto personal del proceso judicial. «Si Dios quiere, en días puedo volver a la Argentina. Fue la peor experiencia de mi vida», aseguró.
En ese marco, sostuvo que pidió disculpas ante la Justicia brasileña y a las personas involucradas en el episodio. Según relató, las supuestas víctimas aceptaron esas disculpas durante la audiencia.
Sin embargo, también manifestó temor por su situación: «Hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. Sigo recibiendo amenazas», afirmó.
Por qué Argentina no puede intervenir en el caso
El proceso judicial se desarrolla bajo la jurisdicción de Brasil, ya que el hecho investigado ocurrió en Río de Janeiro. Por ese motivo, el Estado argentino no tiene facultades para intervenir en la causa ni ordenar el regreso de la acusada. La asistencia que puede brindar el país se limita al acompañamiento consular, como garantizar el acceso a defensa legal, contacto con familiares y seguimiento del estado de la causa, algo que —según trascendió— se cumplió desde el inicio del proceso.
Si el juez define la fianza en los próximos días, la abogada podría regresar a la Argentina en el corto plazo y continuar allí con las condiciones impuestas por la Justicia brasileña.
