La jueza Loretta Preska desestimó el pedido del Gobierno argentino de suspender la sentencia que ordena la transferencia de acciones de YPF a los beneficiarios de su fallo en la causa que involucra la nacionalización de la petrolera.
En su resolución, Preska destacó que Argentina no cumplió con las condiciones que previamente le habrían permitido acceder a una suspensión sin garantía de la sentencia dictada en septiembre de 2023. La jueza acusó al país de intentar “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias.
El fallo judicial subraya que, incluso después de recibir una prórroga para acomodar la transición de gobierno, la administración argentina “aprovechó al máximo el tiempo adicional”, pero “no hizo esfuerzo alguno para cumplir con las condiciones impuestas”.
En sus palabras: “La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Transferencia, pero cualquier daño supuesto deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”, escribió la jueza.
El gobierno argentino había solicitado a Preska un “stay” (suspensión temporal) de la sentencia, argumentando que continuará con las acciones legales correspondientes en los tribunales estadounidenses.
A pesar de este pedido, esta mañana la jueza ratificó su postura, manteniendo la decisión de que el país debe ceder el 51% de las acciones de YPF, con el fin de abonar una indemnización de 16.000 millones de dólares a favor de los demandantes.
¿Cómo sigue el caso YPF?
Desde el Ejecutivo nacional, anticiparon que seguirán con nuevas presentaciones y que podrían recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si se emite otro fallo en su contra.
Entre los fundamentos de la defensa argentina, se encuentra la afirmación de que la orden de Preska viola el derecho federal de EE. UU., la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. También se destaca la Declaración de Interés emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual se considera un “respaldo” del gobierno de Donald Trump.
La presentación argentina también advierte sobre lo que consideran un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
