Diez trabajadores rurales del sur de Salta que fueron rescatados de una situacin de explotacin laboral en noviembre de 2023, recibirn una reparacin econmica de $1.500.000 cada uno. La suma fue abonada por el empleador imputado, en el marco de un acuerdo de conciliacin penal que fue homologado por el juez federal de Garantas N1, Julio Bavio.
El caso fue investigado por el fiscal federal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, pertenecientes al rea de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. Tambin participaron del proceso el Defensor Pblico de Vctimas, Nicols Escandar, y la defensa oficial del imputado.
El hecho sali a la luz tras un operativo de inspeccin realizado el 9 de noviembre del ao pasado en la finca «Suri Blanco», ubicada en Joaqun V. Gonzlez. En el lugar, agentes de ARCA, la Polica de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Vctima detectaron a una decena de trabajadores que realizaban tareas de desmonte en condiciones sumamente precarias, segn inform NuevoDiario.
Los obreros denunciaron que no se les haba provisto ropa ni herramientas adecuadas, debiendo utilizar sus propios elementos. Adems, no contaban con agua potable ni instalaciones sanitarias, y dorman en un triler deteriorado. Fueron trasladados hasta all desde Las Lajitas y permanecan en el lugar durante 15 das seguidos. Por cada quincena de trabajo se les pagaban $100.000, con un descuento de $30.000 por alimentos suministrados por el empleador.
Imagen ilustrativa de psimas condiciones laborales.
El fiscal Toranzos formaliz la imputacin el 5 de noviembre de 2024, acusando al responsable del lugar por el delito de trata de personas con fines de explotacin laboral, bajo la modalidad de captacin y traslado. La pena prevista para este delito oscila entre 4 y 8 aos de prisin.
No obstante, las partes acordaron avanzar en una conciliacin penal, contemplada en el Cdigo Procesal Penal Federal, que permita una reparacin integral del dao. El imputado abon de manera inmediata un total de $15 millones, distribuidos equitativamente entre las diez vctimas, lo que fue considerado por la fiscala y la defensa como una salida superadora a un largo litigio penal.
El Defensor de Vctimas valor el acuerdo como una herramienta que evita impunidad y garantiza una respuesta efectiva para las personas afectadas. Adems, se destac que cada uno de los trabajadores fue informado detalladamente sobre los alcances del convenio y expres su consentimiento por escrito.
El juez Bavio homolog el acuerdo resaltando su razonabilidad, proporcionalidad y el cumplimiento de los principios de armona y pacificacin social establecidos por el nuevo sistema procesal penal federal.
Este caso sienta un precedente importante en el abordaje judicial de la trata laboral, al incorporar mecanismos restaurativos que contemplan los derechos de las vctimas sin renunciar a la bsqueda de justicia.
