El caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina y por el cual condenaron a 15 años de prisión al expresidente de Perú, Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, sigue siendo un capítulo inconcluso en Argentina.
Este esquema transnacional de sobornos, liderado por la constructora brasileña Odebrecht, involucró pagos millonarios a funcionarios de 12 países, incluida Argentina, para asegurar contratos de obra pública.
A pesar de los avances iniciales en la investigación, la falta de cooperación internacional, la ausencia de condenas y las trabas judiciales han sumido el caso en un estado de estancamiento, lo que genera críticas por la aparente impunidad.
El caso Odebrecht salió a la luz en 2016 tras una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en colaboración con 10 países latinoamericanos, que reveló que la constructora pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2016 para obtener beneficios en contratos públicos.
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En Argentina, según documentos de la justicia estadounidense, Odebrecht desembolsó 35 millones de dólares en coimas entre 2007 y 2014, principalmente durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.
Los proyectos bajo sospecha incluyen la construcción de gasoductos, la planta potabilizadora de AySA y la extensión de la línea de ferrocarril Sarmiento.
Las investigaciones apuntan a un esquema donde Odebrecht manipulaba licitaciones para favorecerse, con la complicidad de funcionarios y empresarios locales.
En 2019, el juez federal Daniel Rafecas afirmó que “todo el proceso de licitación fue diseñado desde el principio para adjudicar negocios directamente a Odebrecht”, refiriéndose a contratos de 2006 valuados en más de 2.300 millones de dólares.
En Argentina, el caso se fragmentó en siete investigaciones judiciales a cargo de cuatro jueces, abordando sobornos, irregularidades en licitaciones y cartelización de obra pública. Entre los principales implicados figuran:
• Julio De Vido: exministro de Planificación Federal, procesado por sobornos en la construcción de gasoductos y la planta de AySA. En 2019, fue elevado a juicio oral, pero no ha enfrentado sentencia. De Vido niega las acusaciones, alegando una persecución política contra el kirchnerismo.
• Jorge “Corcho” Rodríguez: empresario acusado de actuar como intermediario en los sobornos para AySA, procesado en 2019 junto a De Vido, Roberto Baratta, José López y exfuncionarios de AySA como Carlos Ben y Raúl Biancuzzo.
• Gustavo Arribas: exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, imputado en 2017 por recibir 600.000 dólares de Odebrecht en una cuenta en Suiza entre 2013 y 2014, según el operador financiero brasileño Leonardo Meirelles.
• Otros funcionarios y empresarios: la investigación también salpicó, entre otros, a Daniel Cameron (exsecretario de Energía), Tito Biagini y Carlos Wagner, vinculados a contratos de obra pública.
En 2019, más de 13.000 documentos filtrados, analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y medios argentinos como La Nación y Perfil, revelaron detalles sobre fechas, montos, apodos de beneficiarios y estructuras financieras para ocultar los pagos.
Estos documentos confirmaron la existencia de empresas fantasma y cuentas offshore utilizadas por Odebrecht.
Sin embargo, a pesar de estas revelaciones, no se han registrado condenas ni multas significativas en Argentina.
Obstáculos en la investigación
El avance del caso en Argentina ha enfrentado múltiples trabas:
• Falta de cooperación con Brasil: en 2022, el fiscal federal Federico Delgado, ya fallecido, denunció que las autoridades brasileñas han “bloqueado” los pedidos de información sobre el caso, dejando a los investigadores argentinos “en una niebla” sobre las pruebas disponibles. Desde 2017, Argentina realizó 23 gestiones de cooperación sin resultados concretos.
• Ausencia de un marco legal para acuerdos de lenidad: a diferencia de Brasil, donde Odebrecht firmó un acuerdo de lenidad en 2016, comprometiéndose a pagar 2.600 millones de dólares en multas y colaborar con la justicia,
Argentina carecía hasta hace poco de un mecanismo legal para acuerdos similares. En 2017, el gobierno de Macri propuso al Congreso una ley para permitirlos, pero los avances han sido limitados.
• Politización de la justicia: tanto De Vido como Cristina Fernández, investigada en casos relacionados, han denunciado que las acusaciones forman parte de una “vendetta política” contra el kirchnerismo. Esta percepción ha complicado el proceso judicial, generando divisiones en la opinión pública.
• Impunidad percibida: un artículo de La Nación de 2022 señaló que Argentina está “en el podio de la impunidad” por no haber logrado condenas ni multas en el caso Odebrecht, a diferencia de países como Perú, donde el expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años de prisión en 2024.
• A abril de 2025, el caso Odebrecht en Argentina permanece sin resoluciones significativas. Las investigaciones continúan, pero la falta de pruebas concretas derivadas de la cooperación internacional y la lentitud del sistema judicial han frustrado los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia.
En 2023, la justicia estadounidense envió nueva documentación sobre supuestos pagos ilegales de Odebrecht, lo que reavivó las esperanzas de avances, pero no se han reportado resultados concretos.
Odebrecht, por su parte, ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades argentinas desde 2019, asegurando que ha implementado controles internos y cambiado su gobernanza tras el escándalo.
Sin embargo, críticos señalan que la empresa, ahora conocida como Novonor tras su reestructuración por bancarrota en 2019, ha evadido responsabilidades en Argentina.
Implicancias para Argentina
El estancamiento del caso Odebrecht tiene consecuencias profundas. Por un lado, refuerza la desconfianza en el sistema judicial y en la capacidad del país para combatir la corrupción. Por otro, perpetúa la imagen de Argentina como un entorno donde los grandes escándalos quedan impunes, lo que afecta la atracción de inversiones extranjeras.
A diferencia de países como Brasil, Colombia o Perú, donde el caso derivó en condenas de alto perfil, Argentina no ha logrado avances comparables, lo que pone en duda su compromiso con la transparencia.
