Este miércoles, la República Argentina rompió con su tradición histórica en política exterior al votar por primera vez en contra de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
La resolución cubana, que pedía el fin del embargo mantenido por EE.UU. por más de seis décadas, fue condenada por trigésima tercera oportunidad. Recibió un apoyo abrumador de 165 votos a favor, mientras que solo siete naciones votaron en contra.
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Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, se unió al bloque de rechazo encabezado por Estados Unidos e Israel. Otros países que se sumaron a la postura estadounidense fueron Paraguay, Ucrania, Hungría y Macedonia del Norte.
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165 países votan en Naciones Unidas a favor del levantamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba. En contra, 7 países: Paraguay, Hungría, Israel, Ucrania, Macedonia del Norte, Estados Unidos y Argentina. Ha habido 12 abstenciones. Entre ellas, Costa Rica y Ecuador. pic.twitter.com/bgHDil3Gge
— Helena Villar (@HelenaVillarO) October 29, 2025
La deuda política y el alineamiento con Washington
El quiebre de la postura argentina se interpreta como un alineamiento absoluto y completo del gobierno de Milei con Estados Unidos, que no permite matices tras el rescate financiero norteamericano que le permitió a Javier Milei llegar competitivo a las elecciones legislativas.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ironizó que el cambio de postura representa «el primer retorno del salvataje de Bessent», en referencia al secretario del Tesoro de Estados Unidos, indicando que la injerencia de la potencia del norte ahora se extiende a la política internacional argentina.
Una tradición rota
El voto en contra de la condena al bloqueo rompe con un consenso que se mantenía inalterable desde hace más de tres décadas. Históricamente, gobiernos democráticos sucesivos —incluyendo a Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, y Macri— siempre votaron a favor de condenar el bloqueo, en defensa del derecho internacional y de la soberanía de los pueblos. Cuba, además, ha sido un país que históricamente acompañó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
Desde la oposición, el cambio de sentido del voto fue calificado de «injusto, anacrónico e inhumano», y se lamentó la pérdida de soberanía que esto significa para Argentina.
Críticos como Carlos Bianco advirtieron que esta postura debilita la posición de Argentina en el litigio por las Malvinas: «¿cómo le vamos a pedir a la comunidad internacional que acompañe nuestro reclamo de soberanía, basado en el derecho internacional, si desconocemos ese mismo derecho con nuestra posición a favor del bloqueo?». Además, se señaló que esta acción podría estar violando la Ley 24.871, que establece que las leyes extranjeras que pretenden generar efectos extraterritoriales mediante la imposición de bloqueos económicos son absolutamente inaplicables en territorio argentino.
Cabe destacar que, en una ocasión anterior durante la gestión libertaria, un voto argentino a favor de Cuba le costó el cargo a la entonces canciller Diana Mondino.
El rechazo global al embargo
La resolución de la ONU exige el levantamiento del embargo y el retiro de Cuba de la lista estadounidense de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, calificación que Cuba considera «espuria».
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el resultado de la votación como una «victoria de Cuba». Rodríguez denunció que el bloqueo estadounidense busca «provocar un estallido social que derive en un derrocamiento» del Gobierno cubano y que la política de Washington es «el principal obstáculo a la plena realización de los derechos humanos en Cuba, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad energética y alimentaria».
Según el último informe de La Habana, los daños acumulados del bloqueo durante más de seis décadas ascienden a 170.677,2 millones de dólares a precios corrientes. El embargo ha afectado gravemente el acceso del país a bienes esenciales, incluyendo medicamentos y tecnologías, limitando su capacidad para atraer inversión extranjera.
