Redacción El País
El operativo policial masivo realizado la semana pasada en las favelas Penha y Alemão de Río de Janeiro contó con la aprobación del 64% de los habitantes del estado, según la encuesta Genial/Quaest, cuyos detalles fueron revelados en exclusiva a OGlobo.
La acción policial, que dejó al menos 121 muertos, fue bien recibida por todos los sectores de la población, pero no se tradujo en una mayor percepción de seguridad en el estado: la mayoría de los encuestados manifestaron sentirse menos seguros tras el incidente, percibieron al estado como una zona de guerra y temen represalias por parte de narcotraficantes.
Organizada para desmantelar el “Cuartel General del Comando Vermelho”, según el gobierno, la operación tuvo mayor aprobación entre los hombres (79%) que entre las mujeres (51%), además de tener porcentajes de aprobación más altos entre las personas con ingresos familiares promedio (69%), en comparación con los más pobres (58%) y aquellos que reciben más de cinco salarios mínimos (63%).
El episodio también fue visto de manera más favorable por los habitantes de la capital (68%) y la Baixada Fluminense (73%), en comparación con otras regiones del estado. Las valoraciones positivas fueron mayores entre quienes se identifican como simpatizantes de Bolsonaro (93%) y de derecha (92%) que entre los simpatizantes de Lula (35%) y de izquierda (27%).
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“Las cifras son muy reveladoras al demostrar que la aprobación de la operación es muy alta, especialmente entre los hombres y la clase media, un grupo de votantes que ha mostrado su apoyo a este tipo de acciones para combatir las facciones. Pero esto no significa necesariamente que la gente del estado se sienta más segura o más tranquila frente a la realidad en la que vive”, afirma Felipe Nunes, director de Quaest.
Esto se debe a que la encuesta muestra que, tras la operación, solo el 35% se siente más protegido, mientras que otro 52% afirma sentirse menos seguro que antes. Además, el 74% manifiesta temer represalias por parte de los narcotraficantes, que comenzaron la tarde de la operación con el bloqueo de las principales vías de la ciudad. Ese día, autobuses y coches bloqueando las calles dificultaron el tráfico, colegios y universidades suspendieron las clases y el regreso a casa en transporte público fue caótico. A la mañana siguiente, se encontraron más de 50 cadáveres en el bosque, que fueron expuestos en una plaza cercana al lugar del enfrentamiento, sumándose a las 64 muertes registradas el día anterior.
Además de los fallecidos, el operativo resultó en la detención de 113 personas, entre ellas diez menores. El principal objetivo capturado fue el narcotraficante Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão, considerado la mano derecha de Edgard Alves de Andrade, Doca, uno de los principales dirigentes del CV (Comando Vermelho) en la región. En un solo operativo se decomisó un número récord de armas: 118 armas de fuego, incluyendo 19 rifles, 26 pistolas y un revólver. El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, describió el operativo como una acción que representó una “gran pérdida de armas” para el CV, y el gobernador, Cláudio Castro (PL-RJ), lo calificó de “un éxito” el miércoles pasado.
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“De las víctimas de ayer, solo teníamos a los agentes de policía, y ruego a Dios por sus vidas y por el consuelo de sus familias. Aparte de eso, la operación fue un éxito”, dijo el gobernador en ese momento.
El estado de Río, por su parte, fue descrito como parte de una “guerra” por el 87% de los encuestados, con solo un 13% en desacuerdo. Otro 51% afirmó que otras grandes ciudades brasileñas están experimentando la misma situación, afirmación que generó un 42% de desacuerdo. Sin embargo, entre los entrevistados, el 48% opinó que las fuerzas policiales estarían mejor preparadas en caso de un enfrentamiento, mientras que el 44% sostuvo que las facciones saldrían victoriosas.
La declaración de Castro fue respaldada por el 58% de los encuestados por Quaest, mientras que el 32% consideró la situación como un “fracaso”. Un porcentaje mayor (73%) afirmó que la policía debería llevar a cabo más acciones similares en el futuro. “Existe la percepción de que las autoridades públicas ya no tienen tanta ventaja sobre las facciones. La población reconoce que el Estado no está preparado, mientras que los delincuentes son profesionales, están organizados y cuentan con una estructura. Esto revela un grave problema de seguridad pública: el Estado, que debería ostentar el monopolio del uso de la fuerza, está perdiendo terreno frente al crimen organizado», añade Nunes.
Al preguntarles si el gobierno de Río de Janeiro podría combatir el crimen organizado por sí solo, el 62% respondió que no y solo el 36% que sí. Sin embargo, el grupo no llegó a un consenso sobre qué entidad sería la más idónea para asumir la tarea: el 31% mencionó al gobierno federal, el 30% a los gobiernos estatales, el 28% sugirió que el Ejército asumiera la responsabilidad y el 11% no supo qué responder.
La encuesta se realizó a 1.500 personas de 40 municipios de Río entre el 30 y el 31 de octubre. Rafaela Gama / OGlobo (GDA)
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Paraguay declara a CV y PCC grupos terroristas
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró “organizaciones terroristas internacionales” a las bandas brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC). Un decreto detalló que tras un “monitoreo permanente” por parte del Consejo de Defensa Nacional (Codena) de Paraguay, que encabeza Peña y reúne, entre otras autoridades, a los ministerios de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, se determinó que las características operativas de estas bandas, sus vinculaciones financieras y el ámbito en el que desarrollan sus actividades ilícitas reúnen “las características de ser organizaciones transnacionales delictivas con rasgos de verdaderas organizaciones terroristas internacionales”.
Además, advierte que “existen elementos suficientemente acreditados para sostener que ambas organizaciones delictivas transnacionales se encuentran operativamente presentes” en Paraguay, con lo que, según el documento, extienden al territorio nacional “el alcance de sus actividades ilícitas”. EFE
Juez ordena preservar pruebas del operativo
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó ayer domingo al Gobierno de Río de Janeiro la “preservación y documentación” de todas las pruebas materiales relacionadas con operación policial que dejó más de un centenar de muertos.
En una decisión dictada por el juez Alexandre de Moraes, se ordena que la preservación de los elementos materiales, incluidos los peritajes y sus cadenas de custodia, se realice de forma “rigurosa e integral” para asegurar la transparencia y la investigación de los hechos por parte del Ministerio Público.
El pedido se enmarca en una sentencia previa del STF, en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos. El STF busca supervisar si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.
Según el documento, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, deberá ser intimado a la brevedad para asegurar el cumplimiento inmediato de la decisión.
Además de la medida cautelar, el magistrado designó una audiencia conjunta para el próximo 5 de noviembre con cerca de 20 organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y entidades de la sociedad civil que actúan en los complejos de favelas. Hoy lunes, el gobernador deberá comparecer ante Moraes en una audiencia para responder a una serie de interrogantes cruciales, como el balance oficial de muertos (entre 121 y 132) y heridos. EFE
