El Poder Judicial multó a los ministerios de salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires a que paguen 100.000 pesos diarios por no cumplir con la Ley Nacional de Salud Mental. La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, luego de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunciara la reticencia de ambos ministerios a impulsar acciones para que las personas que viven en hospitales psiquiátricos puedan salir de las instituciones.
«El propósito de imponer una multa es destinar ese dinero a la implementación de dispositivos que les garanticen la vida en comunidad«, explican desde ACIJ.
La causa judicial se inició en 2014 con el objetivo de que el Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires externaran a cuatro personas que, a pesar de estar en situación de alta médica, residían en hospitales psiquiátricos por falta de vivienda y de otros recursos para vivir en la comunidad.
En 2015 la Justicia no solo ordenó a estos organismos la creación de los dispositivos necesarios para su externación sino que, luego de corroborar que centenas de personas estaban en idéntica situación, determinó el alcance colectivo de la causa y la obligación de externar a todas aquellas que estuvieran internadas por motivos sociales. Sin embargo, ninguno de los ministerios cumplió con la sentencia.
En septiembre de 2024, la Justicia intimó nuevamente al Estado Nacional y al Gobierno porteño a presentar un relevamiento actualizado de las personas internadas en los hospitales públicos que estuvieran en situación de alta. También les pidió informes sobre las medidas implementadas o previstas para cumplir la sentencia y para garantizar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño de esas acciones, como obliga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Una vez más, ninguno de los organismos cumplió con la orden judicial, situación que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia denunció nuevamente ante el juez. Luego de analizar el pedido y el accionar del gobierno nacional y local, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 resaltó que las decisiones judiciales se deben cumplir.
Por eso, y ante los reiterados incumplimientos, el tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia y los derechos en juego, la Justicia resolvió imponerles una multa diaria de cien mil pesos a cada organismo con el objetivo de destinar ese dinero a la implementación de medidas para la externación de todas las personas en situación de alta médica.
Según ACIJ, el Poder Judicial confirmó lo que denuncian desde hace años: «No existen políticas públicas a nivel nacional ni de la Ciudad de Buenos Aires dirigidas a crear una red de servicios habitacionales, laborales, sanitarios y sociales que permitan la vida en comunidad de las personas privadas de su libertad en hospitales psiquiátricos».
«La importancia de esta resolución radica en que la Justicia confirma lo que desde ACIJ denunciamos hace muchos años en relación con la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas que viven en hospitales psiquiátricos porque no cuentan con recursos habitacionales y sociales para vivir en libertad«, dice a Clarín Eduardo Quiroga, abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ.
«A pesar de la gravedad de esta situación y que en 2015, en el marco de esta causa, se obligó a los ministerios de salud de ambas jurisdicciones a revertir esta situación, pasaron diez años sin que ninguno de estos organismos implementara acciones para proveer soluciones habitacionales que permitan la salida de los hospitales psiquiátricos, la inclusión social y la continuidad de los tratamientos en la comunidad», agrega.
Y concluye: «Esperamos que con la implementación de esta multa, los ministerios abandonen su accionar ilegal y cumplan con la orden judicial, garantizando los derechos de las personas que todavía hoy siguen institucionalizadas en clara violación de la Ley Nacional de Salud Mental y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
