El juez federal Ernesto Kreplak ordenó este lunes una batería de procedimientos —denominados “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio”— en las sedes de la ANMAT y del INAME, así como en los domicilios de funcionarios y exfuncionarios. El objetivo: secuestrar teléfonos celulares, documentación y otros elementos clave para profundizar la investigación sobre el fentanilo contaminado.
Estas acciones, impulsadas por la fiscal federal Laura Roteta, buscan determinar si hubo responsabilidad institucional, como negligencia, connivencia o complicidad, de parte de los organismos reguladores en relación con la producción y distribución del fentanilo adulterado.
Hasta el momento, ya se encuentran detenidos Ariel García Furfaro y otros nueve directivos de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculados al caso. El juez ordenó secuestros en las oficinas centrales de la ANMAT y del INAME, y en los domicilios de funcionarios como Nélida Agustina Bisio (titular de ANMAT), Gabriela Mantecón Fumadó (exdirectora del INAME), y otros responsables técnicos de dicho organismo.
Fuentes judiciales detallan que estos dispositivos serán analizados para verificar posibles comunicaciones o evidencias vinculadas a reuniones y decisiones relacionadas con los laboratorios implicados. En una indagatoria, Furfaro admitió haber mantenido encuentros con Bisio en enero de este año, lo que ahora se intenta corroborar.
En paralelo, organismos como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) también participan del proceso mediante dictámenes que cuestionan el accionar de los entes de control durante las inspecciones. El caso suma ya al menos 96 muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, una de las más graves crisis sanitarias de los últimos años en el país.
El avance judicial plantea ahora si el Estado actuó con suficiencia y diligencia en el seguimiento del laboratorio y sus productos, o si, por el contrario, el accionar de las autoridades contribuyó al desenlace fatal.
