Esta semana, la Comisión de Usuarios Residenciales (CUENRE) emitió un comunicado en el que pide una reunión con carácter de urgencia a las autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El motivo es la modificación en el sistema de facturación, que genera un perjuicio para los usuarios.
Según expresa la CUENRE, a través de la Resolución 730/2025, el ENRE estableció un nuevo esquema de facturación mensual para las distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con el cambio, las lecturas de los medidores se harán cada 30 días, es decir, una vez por mes, con un único período de consumo.
Hasta ahora, las distribuidoras realizan la lectura de los medidores en forma bimestral y, luego, dividen el monto facturado en dos pagos mensuales. Pero, con el nuevo sistema, en un mismo mes, los hogares estarán obligados a pagar dos facturas, medida que “evidentemente, configura un perjuicio para los usuarios, por la superposición de pagos del servicio”.
Incluso, la CUENRE hace hincapié en que “el propio ENRE dice en la resolución que el cambio en la facturación generará problemas a los usuarios”. Por eso, “dispone que las distribuidoras deberán atender los reclamos de los usuarios en caso de que los vencimientos de las facturas se acumulen en un mismo período”, con el otorgamiento de “facilidades de pago de las facturas”.
Por eso, las 22 asociaciones de usuarios y consumidores que conforman la CUENRE solicitaron “una reunión urgente con el interventor del ENRE, Néstor Lamboglia, al efecto de expresar su profunda preocupación por las posibles consecuencias derivadas del cambio de facturación que afectaría seriamente los derechos y los intereses de los usuarios del servicio eléctrico”.
Audiencia pública
Uno de los reclamos de la CUENRE es que “el cambio de régimen de facturación debió haberse puesto en consideración de los usuarios tal como lo dispone la Ley N° 24.065, de Marco Regulatorio Eléctrico Nacional, y el Decreto N° 1.172/2003”. Las normativas hablan del “sometimiento a Consulta o Audiencia Pública, sobre todo, cuando afecta a los usuarios”.
Además de la afectación de la relación contractual con los usuarios por la prestación de un servicio público, la entidad señala que el cambio “debió ser incluido en la Audiencia Pública convocada por el ENRE para la Revisión Tarifaria Integral, realizada el 27 de febrero”. Esto también hubiera sido en cumplimiento del Marco Regulatorio Eléctrico.
