Luego de la renuncia y prisión preventiva de Marcelo Bailaque por sus supuestos favores a un clan narco, otro juez de Rosario entró en el camino de una eventual destitución en el Consejo de la Magistratura. Se trata del juez federal de Rosario con competencia electoral en Santa Fe Gastón Salmain.
Salmain quedó bajo la lupa de la Magistratura de la Nación, luego de que se conociera que había mentido en su currículum cuando se postuló a casi 30 concursos para ser nombrado jueza federal.
El polémico juez quedó ahora en la picota porque se descubrió que ocultó que fue cesanteado en 2002 por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, con otra composición distinta a la actual, acusado de haberle ofrecido coimas a una empleada del fuero de la seguridad social para manipular un sorteo, en una maniobra de forum shopping.
A Salmain se le abrió un sumario por una revelación del periodista Hernan Lascano del sitio web “Suma Política” con ese dato de la cesantía del 2002 que tomó la diputada socialista de Santa Fe Lionella Cattalani –la misma que impulsó la denuncia contra Bailaque- para pedir una copia de todos los antecedentes presentados por Salmain para participar del concurso que lo convirtió en juez federal.
El pedido de Cattalini desató en las últimas horas una serie de consultas dentro del Consejo de la Magistratura y de la propia Corte Suprema a fin de dar con el sumario administrativo que se labró entonces (y que no es de consulta pública) y en un seguidilla de pedido de informes a las distintas comisiones del organismo que selecciona y controla a los jueces para comprobar la mentira en el currículum.

El viernes pasado, la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, Fernanda Vázquez, precisó a las autoridades de Consejo que Salmain se inscribió en casi 30 concursos hasta que fue designado en el marco del Concurso N° 387 como el magistrado titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Rosario en 2023. Es más: actualmente se encuentra concursando para ser vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal.

El reglamento del Consejo de la Magistratura establece que tienen prohibido participar de un concurso a aspirante a juez aquel que “hubiera sido separado de un empleo público por mal desempeño de sus tareas”, contó una fuente judicial a Clarín. Además, establece que los concursantes tienen que actuar con buena fe, que el contenido de su inscripción tiene carácter de declaración jurada y que la omisión de la «denuncia de circunstancias que debía poner de manifiesto» da lugar a la exclusión del participante.
Salmain expresamente omitió declarar que había sido suspendido por la Corte Suprema en noviembre del 2001 -y luego cesanteado en junio de 2002– y declaró en cambio que actuaba como abogado privado desde abril del 2001, es decir, cuando todavía pertenecía al Poder Judicial. Entre las materias que informó litigar se encontraba la de Seguridad Social, fuero en el que para esa fecha trabajaba como empleado en la Justicia porteña.
El expediente 2.117/2001, caratulado “Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social s/ denuncia” detalla que el secretario general de la Cámara Federal de Seguridad Social, Eduardo Chirinos, denunció que la empleada de la mesa de entradas Florencia Depetris había sido tentada por Salmain -quien se desempeñaba en el juzgado n° 8 de ese fuero- “para violar el sistema informático de la Cámara, a fin de que algunas ejecuciones previsionales resultasen ‘sorteadas’ en el tribunal en donde él trabajaba”.
A raíz de ello se radicó una denuncia penal y otra administrativa. Allí la empleada Depetris ratificó que “efectivamente Salmain le ofreció una suma de dinero para violar el sistema informático” y precisó que “como Salmain trabajaba por la tarde en un estudio jurídico, pretendía darle curso acelerado a expediente”. Detalló que “en varias oportunidades Salmain la llamó por teléfono con el fin de ponerse de acuerdo en el accionar que se investiga, conversaciones que se encuentran desgrabadas por personal policial e incorporadas al expediente penal”.
En 2002, en la causa penal se resolvió una falta de mérito, pero a raíz del sumario administrativo fue suspendido en el cargo y por medio de la resolución número 39/02 (del 11 de junio de 2002), la Corte Suprema le impuso la sanción de cesantía, decisión que fue confirmada por otra resolución, la número 58/02 (del 12/9/2002) tras rechazar un recurso de reconsideración. La Corte tuvo por probado que Salmain había tentado a Depetris a violar el sistema informático.
Pese a esa cesantía, Salmain volvió tras presentarse a casi 30 concursos al Poder Judicial como juez federal de Rosario. Lo consiguió ocultando ese antecedente. Salmain no los declaró en su currículum y tampoco nadie reportó aquel pasado. Se postuló en decenas de concursos y tuvo, finalmente, suerte para la ciudad santafesina.
La terna por ese concurso fue remitida al Poder Ejecutivo Nacional el 12 de julio de 2018 y el entonces presidente Mauricio Macri pidió acuerdo para su designación el 25 de octubre de 2018. Sin embargo, no se trató su pliego y, como suele suceder con los cambios de gobierno, el ex presidente Alberto Fernández retiró el pedido de acuerdo para todos los pliegos en febrero del 2020.
No obstante, el 29 de junio de 2022, Fernández pidió acuerdo nuevamente para su designación. Fue al Senado en donde fue entrevistado por la Comisión de Acuerdos y, tras obtener el aval, fue designado por decreto N° 223 el 25 de abril de 2023 como juez federal de Rosario. Prestó juramento el 15 de mayo de 2023.

A poco de llegar fue protagonista de un escándalo: un equipo de fiscales que investigan al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque -quien presentó hace unas semanas su renuncia para evitar un inminente juicio político y el presidente Javier Milei se la aceptó- pidieron el apartamiento en el caso del juez Salmain por haber mantenido una relación preexistente con el exjefe de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, actual ARCA) Carlos Vaudagna.
Al ex titular de la ARCA de Santa actualmente se lo investiga por violación de secretos, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. La Sala B de la Cámara Federal de Rosario hizo lugar a esa recusación. Vaudagna se convirtió en imputado colaborador y denunció una trama de corrupción en la justicia rosarina.
Antes de conocerse ese antecedente, la Cámara Federal de Rosario había comunicado al Consejo de la Magistratura que Salmain había sido designado como juez subrogante ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Santa Fe, desde el 01 de julio de 2025 hasta el 08 de junio de 2026 o hasta que se designe un magistrado titular. Se trata del juzgado clave porque tiene competencia electoral. Precisamente, había sido la Cámara Nacional Electoral la que lo había elegido para esa función.
En las últimas horas, los jueces de ese tribunal electoral Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía pidieron al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte, Horacio Rosatti, informes sobre “cualquier situación o trámite pendiente que involucre” a Salmain, por su flamante subrogación en el fuero. En fuentes judiciales se afirmó que esa cámara ahora anular, en principio,ese rol electoral.
El pedido fue después de que el periodista Hernan Lascano, del sitio web “Suma Política” hiciera hincapié en que “el magistrado porteño” se convertiría en juez electoral de Rosario, lo que le permitiría incrementar sus ingresos. La nota daba cuenta de las “extravagancias de Salmain”, tras señalar que “vive en un barrio privado al lado de Nordelta y según cuentan en el ámbito donde trabaja solamente permanece en la provincia de martes a jueves”. Además, fue “el único juez en Rosario que solicitó, y obtuvo, un auto blindado para desplazarse” y “cuenta con una custodia que alterna una decena de empleados de fuerzas de seguridad”.
Pero, además, reveló los antecedentes de cesantía del juez. El dato aparecía en apenas un párrafo del libro “Forum Shopping”, del abogado Pablo Slonimsqui, que había sido publicado en 2008 y ampliado en 2018, en donde diversas prácticas de manipulación de causas.

La formalización del pedido de datos desde la Cámara Nacional Electoral activó entonces en el Consejo de la Magistratura pedidos de informes a las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, a la Comisión de Disciplina y a la Comisión de Acusación, como ya se dijo.
Y al mismo tiempo, como la nota estaba dirigida a Rosatti en su rol del presidente de la Corte, se solicitó y envió los antecedentes del sumario que cesanteó al ahora magistrado. También se dio cuenta de los pedidos a la Dirección de Recursos Humanos realizados por Salmain durante 2025, así como la Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura confirmó el vehículo blindado que tiene asignado.
En simultáneo, al trámite de las cuestiones de competencia, los fiscales que investigan a Bailaque conocieron los resultados del segundo peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) sobre un teléfono celular de Vaudagnaa: allí se evidenciaba una relación previa entre Vaudagn y Salmain, que –para los fiscales- comprometía su imparcialidad. En esos mensajes, le pedía un mejor puesto para su novia y que le recomendara un salón de fiestas para festejar su designación como juez.

Todo surgió en una segunda revisión del teléfono: inicialmente los mensajes estaban borrados. Pero el análisis detectó un intercambio de 48 mensajes entre el exfuncionario de la ex AFIP y el magistrado, entre el 20 de diciembre de 2018 y el 9 de mayo de 2019, que probaban una relación preexistente entre ellos, con encuentros y favores, circunstancias que el juez Salmain omitió denunciar. Y en los próximos días se conocerán los resultados de la apertura de un segundo celular de Vaudagna con chats desde el 2019 hasta la fecha que promete revelar más maniobras.
Salmain es el mismo juez que este año aceptó un amparo contra el cepo cambiario que mantiene el gobierno de Milei y ordenó al Banco Central que le entregue 10 millones de dólares al precio oficial a un grupo empresario que estaba siendo investigado por supuesto lavado de dinero. Lo hizo a pedido de un fideicomiso vinculado al financista rosarino Fernando Whpei, otro de los imputados junto a Bailaque. Luego su fallo fue anulado por la Cámara Federal de Rosario, entre otros fallos polémicos.