Fracasó el segundo intento de Cristina Kirchner para que en el fuero Civil y Comercial se dé por finalizada una demanda por 22.300 millones de pesos que se inició durante la gestión de Mauricio Macri y que continúa la administración libertaria. El reclamo es por las obras adjudicadas a Lázaro Báez y que pese a haberlas cobrado, no se concluyeron lo que habría ocasionado el daño y perjuicios demandado. La Sala III de la Cámara Civil rechazó el planteo.
Antes, l}a defensa de la ex vicepresidenta -a cargo de Luis Goldin- se había presentado en el juzgado de Marcelo Bruno Dos Santos para pedir la caducidad del proceso.
Ahora ante la Cámara, Cristina volvió a apelar al argumento de la falta de interés por parte de la Dirección Nacional de Vialidad para impulsar el reclamo que conlleva un resarcimiento multimillonario para el Estado.
El nuevo intento fue rechazado por la Sala III de la Cámara del fuero. En un fallo de cinco páginas al que accedió Clarín, los jueces señalaron que la defensa de la ex Presidenta “confunde los argumentos concernientes a la procedencia de la caducidad con aquellos otros concernientes a la admisibilidad del recurso”.
En otro tramo de los fundamentos, señalaron que el escrito de Cristina “incurre en una contradicción ya que, si las decisiones inapelables dejan de serlo cuando el interesado demuestra el error del juez en la cuestión de fondo, entonces siempre serían apelables a despecho de lo que expresamente disponga la ley. Es evidente que ese enfoque carece de rigor lógico y conduce a prescindir del texto legal aplicable al vaciarlo de contenido».
El abogado de la todavía titular del PJ reclamaba que el expediente no tenía avances desde el 19 de octubre de 2023, y que por eso el último movimiento en la causa fue un día antes.
Pero ese cálculo fue desestimado por los camaristas. “Entre el 17 de marzo de 2023 (providencia que corre traslado del escrito del codemandado Carlos Santiago Kirchner) y el acuse de la perención (escrito del apoderado del 18 de septiembre de 2023) no se cumplieron los seis meses” que menciona la defensa para declarar la caducidad.
Hay que recordar que durante la gestión de Alberto Fernández no instruyó a los abogados del Estado para que avancen en el reclamo contra quien ejercía la vicepresidencia en ese momento. El Procurador del Tesoro, jefe de los abogados estatales, era Carlos Zannini.
En consecuencia, la demanda multimillonaria sigue vigente y, como contó Clarín, se actualizará cuando se determine cuál es el monto del decomiso en el caso Vialidad.
Un reclamo multimillonario
Cuando inició el caso en la justicia penal, la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo en los fundamentos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner señalaron que la defraudación había sido de 85.000 millones de pesos. “Ese monto es el resultado de la suma de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron.
Se señaló al respecto que se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado. “El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.
El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial habló de 170 a 220 millones de dólares sólo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi.
Ese número de la demanda civil también crecerá, pues se calculó sobre la base de 46.000 millones de pesos. El valor quedó muy por debajo del daño estipulado por el Tribunal de juicio y que confirmaron la Casación Federal y la Corte: 85.000 millones de pesos.
Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con más fundamentos. El gobierno de Javier Milei está determinado a avanzar con este proceso: “es un reclamo del Estado que se continuará”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
