Es un segundo fallo de la jueza Loretta Preska, que obligó al país a entregarle acciones al fondo Bainbridge, que cuenta con una sentencia a su favor
30/06/2025 – 18:46hs
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La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, también le ordenó a la Argentina, a través de un nuevo fallo, que le entregue las acciones en su poder de YPF al fondo buitre Bainbridge, que cuenta con una sentencia a su favor y en contra del país por u$s95 millones más intereses por la deuda en default.
De esta manera, es el segundo fallo dictado este lunes contra el país, luego de que la magistrada haya ordenado que Argentina le entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar u$s16.100 millones.
Segundo revés para Argentina en la Justicia: debe entregarle acciones de YPF a un fondo buitre
Según indicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, este nuevo fallo se debe como «pago parcial de una sentencia separada relacionada con deuda soberana en default».
«En un segundo fallo emitido el mismo día, la jueza federal de distrito Loretta Preska ordenó a la República Argentina transferir sus acciones de YPF al fondo Bainbridge como pago parcial de una sentencia separada relacionada con deuda soberana en default. Esto marca la segunda decisión adversa en un solo día relacionada con la participación de Argentina en la empresa petrolera nacional», aseguró en sus redes sociales.
Bainbridge, además, es el fondo que había solicitado información sobre el oro en las reservas del Banco Central (BCRA) que había sido sacado del país.
En el mismo día, la jueza Preska ordenó que Argentina le entregue el 51% de sus acciones de YPF a los fondos buitre. La orden fue dictada en línea con la exigencia elevada a principios del 2025 para que la Argentina brinde información sobre activos, entre los que incluyó el oro y acciones de otras empresas estatales.
Fallo contra Argentina por YPF: los escenarios que se le abren al país
En un nuevo capítulo del extenso conflicto legal por la estatización de YPF, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera como parte del pago a los beneficiarios del juicio que inició tras la expropiación realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La medida se da en el marco de una sentencia ya dictada contra el Estado argentino, que lo obliga a indemnizar con más de u$s16.000 millones por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) conforme al estatuto de la empresa cuando se ejecutó la estatización. El fallo puede ser apelado, pero establece un plazo de apenas 15 días para la entrega del paquete accionario, lo que acelera los tiempos y tensiona el frente judicial del Gobierno.
La noticia fue difundida inicialmente por Sebastián Maril, a través de su cuenta de X. El experto advirtió también sobre la gravedad de la decisión: «Es absolutamente inédita. Por eso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito amicus curiae en respaldo de la posición argentina. Se puede apelar, y tanto la propia jueza Preska como la Corte de Apelaciones podrían suspender los efectos de esta resolución».
En tanto, según señaló una fuente con conocimiento de la causa, sostuvo que «es imposible entregar esas acciones sin aprobación previa del Congreso». Y destacó que si el presidente Javier Milei decidiera avanzar en esa línea, no solo enfrentaría un freno institucional, «sino que generaría un problema para Burford, el fondo que litiga contra la Argentina, ya que para tomar control debería lanzar una oferta pública, algo que claramente no está dispuesto a hacer».
Es que, tal como remarcan expertos, la intención del fondo no es quedarse con YPF, sino negociar un acuerdo económico.
Maril remarcó que esta situación deja a la petrolera en una zona de fuerte inestabilidad: «Desde hoy, YPF tiene que vivir con el fantasma de que en cualquier momento una corte diga que su dueño ya no es el Estado, sino un fondo buitre que le compre las acciones a Burford. Ese riesgo jurídico va a estar latente por mucho tiempo».
