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El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, lanzó duras críticas contra el gobierno nacional tras la eliminación de la Ley Ovina, una herramienta clave para los productores del sur argentino.
“¿Qué país quieren? Están ensañados con disolver cualquier aporte, beneficio o subsidio para la Patagonia. Ahora se la vuelven a agarrar con el campo y nuestros productores poniendo fin a la Ley Ovina. Rechazamos esta decisión y llamamos a profundizar la defensa de la Patagonia”, escribió el jefe comunal en su cuenta de X (ex Twitter).
La reacción se dio luego de que este miércoles se publicara el Decreto 408/2025 en el Boletín Oficial, mediante el cual el gobierno de Javier Milei disolvió formalmente el Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, vigente desde 2001 bajo la Ley N.º 25.422.
Una medida con fuerte impacto en la Patagonia
Aunque los fondos de la Ley Ovina ya estaban congelados en los hechos desde fines de 2023, su eliminación definitiva representa, según Grasso y referentes del sector rural, un golpe directo a los pequeños y medianos productores, especialmente en provincias como Santa Cruz.
En 2023, último año de ejecución efectiva, la Patagonia recibió unos $302 millones, una cifra muy por debajo del monto original previsto por la norma, equivalente a USD 20 millones. Pese a su progresiva desfinanciación, los fondos permitían atender cuestiones claves para el arraigo rural, como el acceso a energía solar e internet, además de apoyar mejoras genéticas e infraestructura básica para la producción ovina.
“El último año en Santa Cruz se otorgaron apenas unos 80 mil dólares. Ya sobre lo último, realmente era muy poco lo que se distribuía, pero igual servía”, lamentó César Guatti, delegado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la provincia.
El argumento oficial: “ineficiencia y obsolescencia”
Desde la Secretaría de Agricultura de la Nación justificaron la medida señalando que el régimen era “ineficiente” y que no generó impactos significativos en el crecimiento del stock ovino. El comunicado oficial aseguró que se buscará reemplazar el esquema por mecanismos de financiamiento privado, alejándose de los subsidios estatales.
Sin embargo, desde el sector rural advierten que esta decisión desconoce las condiciones climáticas, económicas y estructurales que atraviesan a la ganadería ovina en la región. “Es la muerte de la Ley Ovina”, expresó con crudeza Enrique Jamieson, presidente de FIAS, mientras que Guatti advirtió que, aunque el impacto no será inmediato, “puede tener efectos devastadores”.
Un reclamo desde el sur
El rechazo de Pablo Grasso se suma al de múltiples entidades rurales patagónicas que ya el año pasado, tras la sanción de la Ley Bases, habían advertido sobre las consecuencias de eliminar el fondo. “Estamos de acuerdo en buscar mecanismos más eficientes, pero no en eliminar una herramienta tan importante”, habían manifestado entonces.
Ahora, con el decreto consumado, la preocupación crece. “Nos quedamos sin esa herramienta que nos costó años conseguir”, resumió Guatti.
