Pandilleros presos tomaron este lunes rehenes en una cárcel juvenil y en otra de adultos en Guatemala, en dos nuevos motines atribuidos a represalias por el traslado de líderes de esos grupos a una prisión de máxima seguridad, informaron las autoridades.
El gobierno reubicó el 30 de julio a 10 líderes presos de las violentas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha en la cárcel Renovación I, en el sur del país, donde están aislados y sin acceso a teléfonos celulares.
Desde entonces se han registrado motines en cinco cárceles, donde pandilleros presos han tomado a guardias de rehenes, que luego fueron liberados. A mediados de agosto, un vigilante murió en la cárcel El Boquerón (sureste) en una de las revueltas.
El gobierno de Guatemala
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia indicó en un comunicado que un «conato de motín» está «en desarrollo» en el Centro Especializado de Reinserción Juvenil de la capital, donde internos tomaron como rehenes a «tres colaboradores que diariamente ingresan alimentos al centro».
Añadió que el «incidente» es «protagonizado» por «34 adultos identificados como miembros de la Mara Salvatrucha».
Según la ley guatemalteca, los menores deben cumplir toda su sentencia en el centro juvenil en el que fueron recluidos aunque cumplan la mayoría de edad (a los 18 años).
Por su lado, la oficina del ombudsman indicó en X que está dando seguimiento a acciones para liberar a «personal» retenido en la cárcel El Boquerón, sin detallar la cantidad de rehenes. Medios locales señalaron que son dos funcionarios.
El presidente Bernardo Arévalo dijo que los motines «han surgido a partir de la decisión» de trasladar a los líderes pandilleros.
«Se les han quitado todos los privilegios», indicó el mandatario, al justificar la decisión señalando que busca evitar que los líderes pandilleros sigan «coordinando» actividades delictivas desde prisión.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha -esta última declarada organización terrorista por Washington- se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y otras personas. Quienes se niegan a pagar son asesinados.
Esas bandas también operan en Honduras, mientras que en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha encarcelado a miles de presuntos pandilleros amparado en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos, que denuncian miles de detenciones arbitrarias.
