A pocas horas de una masiva marcha convocada en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, la tensión crece en los pasillos de Comodoro Py. La Cámara Federal de Casación Penal solicitó medidas excepcionales para este miércoles 18 de junio, tanto para proteger a los trabajadores como para resguardar la sede judicial. La decisión de permitir el trabajo remoto refleja la inquietud que predomina en el ámbito judicial frente a una movilización que promete ser multitudinaria.
La Cámara pidió a la Policía Federal Argentina que garantice la seguridad del edificio ubicado en Comodoro Py 2002, así como sus accesos, considerando los eventos que se desarrollarán en las próximas horas. Además, recomendó que todos los organismos con asiento en el complejo judicial evalúen la posibilidad de que sus empleados trabajen desde sus domicilios, a fin de evitar riesgos y garantizar la continuidad del servicio de justicia de manera virtual.
La convocatoria a marchar surgió en respuesta a la condena en la causa Vialidad que recae sobre la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista. Aunque está previsto que Cristina Fernández sea notificada por videoconferencia y no presencialmente, desde el PJ confirmaron que la movilización se mantiene vigente y compartieron en redes sociales un mensaje claro: «El miércoles caminamos hasta Comodoro Py para acompañar a Cristina».
La preocupación en el edificio judicial es palpable. El temor a posibles desbordes y la presión política que rodea a la jornada generan un clima de tensión, tanto entre magistrados como entre el personal administrativo. La posibilidad de un fallo que conceda prisión domiciliaria a la exmandataria agrega un componente de incertidumbre sobre el curso de los acontecimientos.
Mientras tanto, en el seno del Partido Justicialista se intensifican las reuniones para asegurar una presencia contundente. Con la expresidenta resguardada en su domicilio, la responsabilidad de articular la estrategia recayó en José Mayans, vicepresidente del partido, quien convocó a una participación amplia, más allá del respaldo puntual a Cristina Kirchner. “Tienen que ir todos: jubilados, docentes, trabajadores de la salud. El Gobierno quiere borrar el Estado y regalarlo al sector privado”, expresó, aludiendo a las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei.
Por su parte, la CGT aún delibera si plegarse con medidas de fuerza o simplemente adherir simbólicamente a la convocatoria. La jornada de este miércoles podría marcar un punto de inflexión tanto en el plano político como en el judicial.
