En medio de la controversia por las intervenciones en el Parque Caraguatá, el secretario de Obras Públicas del Municipio de Resistencia, Luis Zarabozo, sostuvo que las tareas realizadas se limitaron a trabajos de limpieza y evitó profundizar detalles hasta que haya una resolución judicial.
«Lo que diga el juez va a ser lo que vamos a hacer», afirmó el funcionario al ser consultado por la prensa tras la audiencia encabezada por el juez Julián Flores.
«Solo limpieza»: la postura del Municipio
Zarabozo insistió en que las tareas realizadas en el predio no implicaron otro tipo de intervención. «Las limpiezas fueron… se terminó la limpieza. Ahora va a determinar el juez cuál es la situación», señaló. Ante las consultas sobre el uso de maquinaria pesada, confirmó que se utilizaron cinco máquinas, pero reiteró que el objetivo fue únicamente sanear el área: «La limpieza», insistio al ser consultado sobre el tipo de trabajos realizados.
También fue consultado por la existencia de árboles talados dentro del predio, en un punto sensible del conflicto con organizaciones ambientalistas, aunque no brindó mayores precisiones.
Uno de los ejes del debate es la ausencia de un informe de impacto ambiental, cuestionado durante la audiencia. Sobre ese punto, Zarabozo fue tajante: «Porque cuando hacés limpieza no hace falta». La afirmación contrasta con los planteos de organizaciones ambientales que sostienen que las intervenciones podrían haber generado daño en un área considerada de alto valor ecológico.
Silencio hasta el fallo
El funcionario dejó en claro que evitará dar más explicaciones públicas hasta que se conozca la decisión judicial. «Cuando el juez termine estoy dispuesto a cualquier tipo de declaració, no quiero faltarle el respeto al juez», expresó, marcando un límite en su exposición.
En esa línea, reiteró que una vez dictada la resolución, estará disponible para ampliar información: «Cuando el juez dictamine, yo estoy dispuesto a cualquier medio».
El caso del Parque Caraguatá enfrenta al Municipio con organizaciones ambientalistas y vecinos, que denuncian posibles daños ambientales y falta de participación ciudadana en las decisiones.
Mientras el Ejecutivo local sostiene que solo realizó tareas de limpieza, el expediente judicial deberá determinar si esas intervenciones se ajustaron a la normativa vigente o si implicaron un avance indebido sobre un área que podría ser considerada reserva natural.
