Cuatro empleados de una estación de servicio en Cipolletti fueron despedidos tras descubrirse una maniobra fraudulenta con tarjetas de crédito. La empresa realizó una auditoría interna que reveló que los trabajadores permitieron a una clienta ingresar datos falsos en el sistema sin presentar documento ni tarjeta física. Como resultado, las transacciones no pudieron ser cobradas, generando un perjuicio económico de más de un millón de pesos.
La investigación determinó que, entre junio y agosto de 2022, se realizaron más de cien operaciones bajo la modalidad «off-line» del sistema PosNet, una alternativa de cobro que solo debe utilizarse en casos excepcionales, como cortes de luz o fallas técnicas. Sin embargo, en estos casos no hubo justificación técnica para la práctica, y los datos ingresados resultaron falsos.
El fraude permitió la entrega de más de 7.600 litros de combustible sin contraprestación. La empresa intentó recuperar los montos afectados, pero las tarjetas rechazaron los pagos debido a la invalidez de la información ingresada.
Los empleados despedidos argumentaron en la justicia que la situación se debió a una falta de capacitación y aseguraron haber actuado con autorización de una supervisora. No obstante, la encargada general de la estación desmintió estas afirmaciones, asegurando que nunca habilitó esas prácticas y que el uso del sistema «off-line» debía realizarse con autorización expresa y solo en casos puntuales.
La Cámara Laboral de Cipolletti rechazó el reclamo de los trabajadores, confirmando que la empresa tenía motivos suficientes para despedirlos sin indemnización. En su fallo, el tribunal destacó que, más allá de la intencionalidad, hubo un incumplimiento grave de los deberes de diligencia, buena fe y fidelidad. También valoró que los empleados tenían entre dos y nueve años de antigüedad, lo que indicaba que debían conocer el procedimiento adecuado.
La sentencia subrayó que el motivo del despido fue la pérdida de confianza y no una acusación penal. En este sentido, se estableció que no es necesario que exista un delito para justificar una desvinculación cuando se acreditan hechos que afectan gravemente la relación laboral.
