El gobierno del presidente Javier Milei planea eliminar el régimen de Zona Fría en el marco del Presupuesto 2026, una medida que podría duplicar las facturas de gas para miles de hogares en la Patagonia, poniendo en riesgo el acceso a este servicio esencial durante los rigurosos inviernos de la región.
Esta propuesta, incluida en el proyecto de ley enviado al Congreso en septiembre, busca reestructurar los subsidios energéticos para focalizarlos en usuarios vulnerables, eliminando descuentos generalizados que benefician actualmente a millones de argentinos en zonas de bajas temperaturas.
El régimen de Zona Fría, establecido por ley en 1995 y ampliado en 2021, otorga descuentos del 30% al 50% en las tarifas de gas natural para residentes en áreas con climas extremos, como las provincias patagónicas (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro y La Pampa, entre otras).
Esta subvención cubre el mayor consumo durante los meses de invierno, cuando las temperaturas pueden caer por debajo de los -10°C, y beneficia a aproximadamente 4 millones de hogares en todo el país, de los cuales una porción significativa se encuentra en la Patagonia.
Según el proyecto presupuestario, la eliminación de esta ampliación revertiría los beneficios a un esquema más restringido, priorizando solo a aquellos con vulnerabilidad socioeconómica demostrada, lo que dejaría fuera a familias de ingresos medios que dependen de estos descuentos para calefaccionar sus hogares.
Esta posibilidad generó alarma entre legisladores y expertos de la región. La Defensora del Pueblo de Chubut, Claudia Bard, alertó recientemente que la medida «pondría en riesgo el acceso al gas de miles de hogares patagónicos», argumentando que el aumento en las tarifas podría llevar a un consumo reducido o al abandono del servicio por parte de familias de bajos recursos, exacerbando problemas de salud relacionados con el frío, como hipotermia y enfermedades respiratorias.
En provincias como Chubut y Santa Cruz, donde el gas es vital para la supervivencia diaria, el doble de costo en las facturas podría traducirse en un incremento anual de hasta $100.000 por hogar, según estimaciones de asociaciones de consumidores.
Esta reforma se alinea con la política de ajuste fiscal del gobierno Milei, que busca reducir el gasto público en subsidios energéticos, estimados en miles de millones de pesos anuales. Sin embargo, críticos como diputados opositores advierten que la eliminación no solo afectaría el bolsillo familiar, sino que podría desincentivar el uso de gas natural, impulsando un regreso a fuentes alternativas más contaminantes como la leña o el kerosene, con impactos ambientales negativos en una región ya vulnerable al cambio climático.
Además, en comunidades rurales y pueblos aislados, donde las alternativas al gas son limitadas, la medida podría agravar la desigualdad, forzando a familias a elegir entre calefacción y otros gastos básicos como alimentos o educación.
No obstante, el proyecto aún debe ser debatido en el Congreso, donde legisladores patagónicos de diversos bloques, incluyendo peronistas y radicales, han expresado su oposición y prometen bloquear la eliminación.
Mientras el debate avanza, organizaciones civiles y sindicatos en la Patagonia preparan movilizaciones para defender el régimen, argumentando que su eliminación no solo afecta el acceso al gas, sino que amenaza la calidad de vida en una de las zonas más frías del país.
