La Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, resolvió suspender por 30 días el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, al aceptar un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego contra la resolución N°460 del SENASA, que en junio había habilitado el ingreso de estos productos al sur del río Colorado.
La jueza Mariel Borruto fundamentó la medida en el riesgo que implica para el estatus sanitario diferencial de la región, reconocida internacionalmente como libre de fiebre aftosa sin vacunación. Consideró que permitir el ingreso de carne con hueso podía acarrear consecuencias “sanitarias y económicas de difícil reversión”.
En su resolución, la magistrada sostuvo que la apertura de la barrera compromete “un activo estratégico de alto valor económico”, alcanzado tras décadas de inversión público-privada y estrictos protocolos de bioseguridad.
Uno de los puntos determinantes del fallo fueron las cartas de organismos sanitarios de Chile y de la Unión Europea, que pusieron en duda la medida adoptada por el SENASA.
- Chile, a través de su Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), resolvió suspender el reconocimiento del estatus sanitario de la región y frenar las importaciones de animales y productos de origen animal desde Argentina.
- La Unión Europea, por su parte, anunció inspecciones en el territorio para evaluar la situación.
Frente a estos antecedentes, la jueza concluyó que la resolución del SENASA “no se ajusta a los hechos reales” y que el ingreso de carne con hueso ya estaba generando perjuicios a los productores.
La postura de los ganaderos
La acción judicial fue presentada el 29 de julio por la presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, asistida por el abogado José Luis Paños. Allí se advirtió que la apertura de la barrera podría ocasionar:
- pérdida automática del reconocimiento internacional,
- cierre de mercados externos,
- caída de certificaciones,
- pérdida de empleos rurales y urbanos,
- y disminución de los precios percibidos por los productores.
En su planteo, los ganaderos remarcaron que el traslado de hacienda desde Tierra del Fuego hacia frigoríficos de Santa Cruz ya implica viajes de hasta 600 kilómetros y dos controles sanitarios chilenos, lo que vuelve crítica cualquier modificación de las reglas de bioseguridad.
SENASA y fiscalía en contra
En su defensa, el SENASA había asegurado que tanto Chile como la Unión Europea habían dado conformidad a la actualización de las condiciones. Sin embargo, las comunicaciones oficiales de esos organismos desmintieron tal postura.
La fiscalía federal, en cambio, se manifestó en contra del amparo. En su Dictamen N°69/25 recomendó declarar inadmisible la acción, al considerar que no se configuraba arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta. Aun así, la jueza desestimó ese criterio y dio lugar a la medida cautelar.
