Asunción, 25 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se pronunció este viernes a favor de elevar las penas mínimas tras la conmoción que ha causado el asesinato de una niña de once años, en un caso donde el principal sospechoso fue condenado en 2022 por un delito relacionado con otra agresión a la menor y luego recibió la libertad condicional.
“Si tenemos que pedir penas mínimas más altas, pues vamos a pedir eso, yo no rehúso a esto”, declaró Peña en una conferencia de prensa luego de inaugurar un nuevo hospital en el departamento de Itapúa (sur).
El gobernante dijo sentirse “realmente indignado” y aseguró que es “el primero” que está pidiendo justicia por la muerte de la pequeña que fue encontrada sin vida el lunes pasado en un terreno de la localidad de Fulgencio Yegros, en el departamento de Caazapá (centro).
“Lo que sí no podemos negar es que el sistema le falló a una niña que hoy ya no está con nosotros”, lamentó el jefe de Estado, quien admitió que no pueden ser “indiferentes ante eso”.
En ese sentido, Peña cuestionó que al principal sospechoso, un joven de 24 años que fue imputado en este caso por homicidio doloso y que permanece recluido en prisión preventiva, le hayan dado, según dijo, una “pena mínima” cuando en 2022 fue condenado por presunta tentativa de abuso sexual contra la fallecida.
Según el gobernante, el marco legal actual permitía una sanción mayor, y pese a ello, el hombre salió de la cárcel en mayo pasado antes de cumplir su condena, tras beneficiarse de una medida sustitutiva.
“Acá todavía hay muchas preguntas que yo quiero que me respondan a mí y no voy a descansar y estoy dispuesto a avanzar en todos los ámbitos”, enfatizó.
Este caso también ha abierto el debate en el ámbito legislativo, donde el diputado por el partido Alianza Encuentro Nacional Rubén Rubín informó este viernes en una conferencia de prensa que presentó un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal la prisión permanente revisable, que plantea una pena máxima de 90 años de prisión en delitos como homicidio doloso agravado, trata de personas, coacción sexual y otros delitos graves.
Este viernes, una jueza ordenó la detención preventiva de un adolescente de 16 años, considerado el segundo sospechoso del asesinato y hermano del único imputado hasta ahora por el crimen, quien posteriormente se entregó a las autoridades tras no ser encontrado inicialmente en una requisa a su domicilio.
