Penadés y Mauvezín, presos en sus casas: los motivos de la jueza y las tres novedades de la audiencia

Aunque varios abogados repetían que el debate fue un “copia y pega” de discusiones anteriores, el resultado fue ciertamente diferente. La jueza Marcela Vargas, por primera vez, resolvió apartarse del pedido que había hecho la Fiscalía y permitió que el exsenador Gustavo Penadés y el profesor Sebastián Mauvezín retornaran a sus casas. De todas formas, les prohibió salir de allí y tendrán una tobillera electrónica que controlará 24 horas que se cumpla al pie de la letra con el mandato judicial.

La discusión giró sobre los mismos ejes que otras veces. La fiscal Alicia Ghione insistió en que existía riesgo para las víctimas y para la investigación, que ya habían intentado ser dañadas a través de una indagatoria paraestatal que a su juicio fue comprobada porque existen seis personas que fueron condenadas y asumieron su responsabilidad. El Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, representado por Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, acompañó esa tesitura y agregó que una vez que los riesgos para el proceso son constatados, deben haber elementos claros que demuestren que disminuyeron para disponer un cambio de medida.

Del otro lado, la defensa de Penadés -representada por Homero Guerrero y Laura Robatto– enfatizó que las evidencias existentes son de “bajísima calidad”. “Hay relatos, declaraciones de víctimas y alguna pericia”, dijo Guerrero. A su vez, apuntó contra las víctimas, cuyas declaraciones, afirmó, fueron “preparadas” y sugirió que el móvil de las denuncias podría ser económico puesto que, de ser condenado, Penadés debería pagarle 12 sueldos a cada una. Además, refirió que el exsenador se encuentra en un estado de “indefensión” porque no conoce las identidades de quienes lo denuncian y eso, a su vez, los inhibe de pedir otro montón de pruebas, como es el contenido de sus celulares.

Foto: Archivo El País

Las representantes del profesor Sebastián Mauvezín, Rossana Gavazzo y Daiana Abracinskas, destacaron que su cliente no tuvo “nada que ver” con la investigación paraestatal que se utiliza como argumento para solicitar que sigan presos. A su vez, contestó a la Fiscalía -que había dicho que no había huellas de ilicitudes en el teléfono del profesor porque utilizaba mensajes efímeros- que mandar ese tipo de mensajes “no es un delito”. Por último, Abracinskas aseguró que tienen “pruebas y de sobra” de que las víctimas mintieron en sus declaraciones y se contradijeron porque “les cantaron mal la historia”. “Lo vamos a probar en juicio”, dijo.

Aunque todos los argumentos vertidos en esta audiencia ya habían estado presentes en anteriores, hubo un cambio en el resultado. ¿Por qué? “Por el paso del tiempo”, entendió la jueza Vargas, pese a que este argumento no estuvo en el centro del debate de la audiencia. La magistrada consideró que Penadés ya no es aquel senador poderoso que podía influir a otros para que lo ayuden: perdió su cargo y estuvo más de un año preso. Totalmente debilitado, es difícil que pueda entorpecer la investigación y amedrentar a las víctimas, consideró.

Más allá de la reiteración de los argumentos, la audiencia trajo tres novedades.

Ghione informó que desde comienzos de diciembre que no puede ubicar a uno de los policías condenados en el caso, Federico Rodríguez. Él fue quien, en el marco de la trama, intentó seducir a Jonathan Mastropierro para sacarle información.

En noviembre de 2023, había sido amenazado por el exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, también condenado por este caso.

Rodríguez será citado a declarar al juicio, pero por el momento está inubicable y dejó de cumplir con las obligaciones que le impuso la Justicia cuando lo condenó a una pena de libertad a prueba.

Foto: Archivo El País.

La fiscal señaló que Mauvezín le contó a una testigo reservada que él le facilitaba menores de edad a Penadés para tener relaciones sexuales. “La declaración es reciente, de antes de ayer (…) Le dice que le paga cada menor de edad con una suma de dinero y además lo ayuda económicamente con la enfermedad de su padre”, señaló la fiscal.

Guerrero y Robatto denunciaron en Fiscalía de Corte y ante la Suprema Corte de Justicia que Jonathan Mastropierro, víctima del caso Penadés, tenía en su teléfono -al que ellos accedieron en el marco de la causa- mensajes que lo incriminaban, informó El Observador y confirmó la abogada en rueda de prensa. Los delitos denunciados son de índole “sexual”.

Abracinskas dijo en la audiencia que Mastropierro tiene mensajes sexuales con un menor de 12 años.

Los abogados del exsenador también denunciaron a la fiscal Alicia Ghione por no haber denunciado estos hechos, pese a que ella también tenía acceso al celular.

Consultada a propósito de esto en rueda de prensa, la fiscal contestó: “Esa no es mi interpretación de lo que leo en el celular”.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País.