Por Stella Calloni /Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2025.
La periodista que investigó el Plan Cóndor, de represión terrorismo de Estado en el cono sur, señala el rol de los medios y el poder judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y otros líderes regionales.
09/06/2025
Por: Stella Calloni
Recurriendo a la ofensiva más larga de la historia argentina, el Partido Judicial intenta condenar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cárcel en una causa cerrada por falta de pruebas y reabierta por los jueces aliados al gobierno derechista de Mauricio Macri (2015-2019) que sostenía la presunta recepción de “coimas” para otorgar la licitación de obra pública en la provincia Santa Cruz.
Todo esto a pesar de presionar y extorsionar a empresarios, incluyendo un familiar del ex presidente Macri, que declararon ante la justicia que sólo una empresa que ya estaba trabajando en esa región podía presentarse a una licitación con un precio muchísimo más bajo, por el gasto de traslados de los equipos que se necesitan. Esta es la verdad que ocultaron los medios de desinformación masiva y el periodismo mercenario que está asolando a la región. La causa se abrió mediante el accionar de medios masivos de comunicación que durante más de 20 años han mantenido una feroz persecución contra la ex mandataria para denigrarla y desacreditarla moralmente.
Durante el Siglo XX la región había sido víctima del saqueo imperial, la explotación, la miseria y de un genocidio que no quieren reconocer, pero que arrasó en América Latina en lo que llaman “Guerra de Cuarta Generación” elaborada por dos expertos de la marina de Estados Unidos y cuyo primer “mandamiento” sostiene que no se necesitan armas para matar a presidentes o “disidentes” molestos para la potencia hegemónica, basta con desacreditarlos en forma cotidiana hasta debilitarlos y matarlos “moralmente” como ha sucedido en toda la región en los últimos años. Imposible olvidar que la ex mandataria ya sufrió un intento de magnicidio el de septiembre de 2022.
Destrucción masiva
Nuestro país está viviendo ahora una dictadura virtual, bajo el gobierno ultraderechista de Javier Milei, un personaje fabricado en los medios que está bajo control de grandes potencias, que llevan adelante un plan prestablecido de destruir y arrasar con el Estado, incluyendo por supuesto la escasa independencia que habíamos logrado, y debilitando aún más la débil democracia despojándola de toda capacidad de derechos y defensa.
En sólo un año y medio la destrucción es masiva y todo está pensado para convertir en una gran colonia a uno de los países más ricos en recursos de América Latina y más despoblado en su enorme extensión. La recolonización del país es el gran objetivo de las potencias dominantes,
Para lograr esto el desgobierno ha violado todas las normas constitucionales y la miseria avanza a lo largo del país, además de la desculturización que comenzó desde el primer momento, de la destrucción de los valores educativos, científicos, de protección social y de la mayor conquista del país que son los Derechos humanos por lo cual es reconocida Argentina en el mundo por desafiar y acabar con la impunidad contra los crímenes de lesa humanidad.
Por todo esto no sorprende que el procurador General de la Nación Eduardo Casal -cuyo interinato viola también las normas constitucionales – solicitara el pasado 15 de mayo a la Corte Suprema -cuyos magistrados integran el llamado Partido Judicial- condenar a la ex presidenta Fernández de Kirchner a 12 años de cárcel por una causa por la que se había pedido, sin prueba alguna, seis años de prisión durante el gobierno de Macri, y así impedir la posibilidad de que presente su candidatura o participe en las próximas elecciones. Para el abogado Ubeira, la Corte debería “estar un largo rato estudiando este tema, porque hay causas concatenadas, no es un fallo unívoco”, recordando que por encima de cualquier interpretación que haga un poder del Estado “está la interpretación del pueblo”.
“En lo personal, me parece que es bueno que los jueces que van a intervenir en este caso recuerden las palabras del Papa Francisco acerca del Lawfare, o sea, que la criminalización de dirigentes políticos de primer nivel que de alguna manera interpretan la voluntad popular no puede estar al alcance de la Justicia. En este caso particular lo que se intenta es sacar de la carrera a Cristina Fernández de Kirchner con un recurso jurídico. Podrá tener la misma validez que una ley que dice que el sol sale por el oeste, pero resulta que el sol seguirá saliendo por donde sale hace millones de años”, sentenció.
Una ofensiva regional
Sobre esta situación acaba de aparecer un libro necesario para toda América Latina y el mundo bajo el título “Objetivo: Cristina, El lawfare contra la democracia en Argentina” en el que intervienen 17 importantes figuras a nivel mundial demostrando el grave delito que significa la judicialización de la política, en este caso de tanta repercusión internacional.
En el prólogo, el ex juez español Baltazar Garzón expone que el lawfare es un término no demasiado viejo, que proviene de una contracción gramatical, de las palabras inglesas law” (ley) y warfare (que significa guerra). “Lo novedoso de este concepto es que, si bien históricamente la manipulación de la justicia ha sido una herramienta propia de autocracias y dictaduras, este fenómeno se ha instalado ahora en las democracias, degradándolas, y tiene lugar cuando un juez o un fiscal, aparentando que actúan bajo las más estrictas legalidades formales, renuncian a ser imparciales, asumiendo un papel que socava desde dentro la separación de poderes, el Estado de Derecho y la democracia prevaliéndose para ello de los mecanismos que les da el propio Estado.”
Señala asimismo que “ya sea por temor, por afinidad o conveniencia la cerviz judicial se doblega antes quien detenta el poder, hasta tal punto, que se destruyen o fabrican pruebas e incluso se llega a prescindir de lo que marcan la ley y el derecho. Y ni que decir tiene que se omite el cumplimiento de las normas internacionales (de tratados) según convenga, instrumentalizado todos ellos al fin último de favorecer a quien corresponda, que normalmente será un grupo de poder político, económico o corporativo al que se debe lealtad y a los intereses políticos o económicos, que representa.”
Añade que son campañas milimétricamente diseñadas, que articulan un componente político, con uno mediático y otro judicial y que irán siempre revestidas de una aparente legalidad y rectitud, pero lo cierto es que bastante con asomarse apenas un poco a ellas, para comenzar a detectar las irregularidades e injusticias que contravienen la evidencia, la ley o los derechos que garantizan el debido proceso.
Esta historia tan funesta que estamos viviendo en todo el mundo tiene particular intensidad en Latinoamérica: Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, Dilma Rouseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya, Jorge Glas la han sufrido, y “encierra una lección que es fundamental tener siempre presente frente a todo desafío. La visión y la interpretación del derecho tiene que ser a favor del progreso de la humanidad, contraria a los privilegios que escarban para ser más honda la brecha de la desigualdad y sobre todo, aquellos que llevan a una regresión como seres humanos que es la postura que tiene la extrema derecha, sostiene Garzón.
El libro es el resultado del encuentro de la noche del 21 de marzo de 2023 en el Centro Cultural Kirchner, donde cinco presidentes de América Latina y España, José Luis Rodríguez Zapatero, Evo Morales, Pepe Mujica, Rafael Correa y Ernesto Samper, junto a los más prestigiosos juristas encabezados por Baltasar Garzón, Giselle Ricobom, Silvina Romano, Carol Proner y Raúl Zaffaroni, en nombre del Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), presentaron una investigación contundente sobre el lawfare contra la democracia en Argentina.
En otro capítulo escrito por Garzón, Giselle Ricobom y Silvina Romano, se menciona que en los últimos 15 años hemos sido testigos de procesos de persecución política por la vía judicial contra determinados sectores de la política, líderes y militantes para lograr su inhabilitación política y la pérdida de legitimidad. En esta persecución, los medios de comunicación constituyen una pieza clave, promoviendo la desmoralización y criminilización en el ámbito de la opinión pública”. La sentencia es “culpable”.
Se recuerda, además, que en América Latina la idea del lawfare también es asociada a la guerra judicial, siendo frecuentemente utilizada para explicar la desestabilización previa a un golpe de Estado” blando”, con la llegada de gobiernos nacionales y populares al inicio del siglo XXI, con políticas orientadas a la intervención del Estado en la economía, la recuperación de lo público, la reivindicación de la soberanía y la integración regional”.
