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La Justicia Federal de Salta declaró de carácter complejo un expediente que investiga el presunto otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad en Joaquín V. González. Durante los allanamientos se secuestraron unos ocho millones de pesos, documentación y dispositivos electrónicos. Hay más de veinte personas investigadas y unos diez mil expedientes en revisión.
La decisión fue adoptada por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, tras un pedido del fiscal general Carlos Martín Amad, quien conduce la investigación iniciada en mayo de 2024. La magistrada consideró que el caso cumple con los criterios de “complejidad” previstos en el Código Procesal Penal Federal, debido al número de involucrados, la magnitud de los hechos y la cantidad de documentación que debe analizarse.
Otorgamiento irregular de beneficios
El caso se originó a partir de la detección de un mecanismo similar al descubierto en febrero de 2023 en la localidad chaqueña de Taco Pozo, donde se había probado un esquema de fraude en la tramitación de pensiones por discapacidad. En Salta, los investigadores sospechan que operaba un sistema análogo para el otorgamiento irregular de esos beneficios.
Durante la investigación se realizaron 17 allanamientos en distintos puntos de Joaquín V. González, que permitieron el secuestro de aproximadamente ocho millones de pesos, además de documentación y dispositivos informáticos que ahora son peritados. En total, hay 22 personas bajo investigación y se revisan cerca de 10.000 expedientes de pensiones que podrían haber sido concedidas de manera irregular.
Un planteo denegado
En el plano procesal, la jueza rechazó un planteo de dos de los investigados que pedían acceder al legajo de la causa antes de la formalización de la imputación. El pedido fue denegado con base en lo previsto en el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal, aunque la magistrada autorizó que las defensas sean informadas sobre los hechos que se investigan y las personas involucradas, conforme al artículo 233 del mismo cuerpo normativo.
El Ministerio Público Fiscal destacó que la declaración de “complejidad” permitirá ampliar los plazos de investigación, realizar nuevas pericias y profundizar sobre el circuito de otorgamiento de las pensiones. También se busca determinar el perjuicio económico ocasionado al Estado y las responsabilidades de los distintos actores que habrían intervenido en la maniobra, entre ellos médicos, gestores y funcionarios.
La investigación continúa bajo la órbita del fiscal Carlos Martín Amad, con el apoyo de fuerzas federales, y se espera que en los próximos meses se formalicen las imputaciones a los principales sospechosos.
