Un 28 de mayo de hace dos años se celebraron las elecciones municipales. Desde entonces, Jaume Collboni gobierna el Ayuntamiento de Barcelona en minoría absoluta con apenas 10 concejales de los 41 que configuran el Consistorio. Es innegable que el alcalde ha cambiado las formas de su antecesora Ada Colau, pero el fondo, el legado de la exalcaldesa, permanece prácticamente intacto y ya son dos los años sin derogar sus políticas.
De izquierda a derecha, Colau, Collboni, Trias y Sirera el día de la investidura
Ana Jiménez
Un alcalde no puede hacerlo todo, pero si mucho conforme a la ley. Ha podido aprobar sin respaldos de terceros los presupuestos anuales, instar un cúmulo de inversiones, promover mayores recursos para el mantenimiento de la ciudad e incluso nombrar hasta una docena de comisionados que ejercen de alter concejales , entre otras decisiones. Nadie podrá calificar lo anterior de alcaldadas al no ser un ejercicio de arbitrariedad o de abuso de autoridad.
Hay que perder el temor a la derrota en asuntos en los que, con la victoria, gana la ciudad
Con la actual pluralidad de grupos políticos, los acuerdos de ciudad deben, lamentablemente, circunscribirse a reeditar tripartitos o a la suma de PSC y Junts. Esta última conjunción hasta ahora ha sido inviable dado que los ediles obtenidos por Xavier Trias permanecen inertes y se debaten entre ser una fuerza de obediencia barcelonesa o ser el altavoz urbano y estridente de Puigdemont. En paralelo, los “Comunes-tas” se niegan a posibles ententes. Lo mejor es que no se impliquen en nada visto cuál sería su alcance y daño barcelonés. Aguardan despejar la incógnita de su lideresa Ada Colau, quien, tras renunciar a ser concejal, debe decidir en un año si opta de nuevo a la alcaldía en los comicios a celebrar en el 2027.
Las tribulaciones partidistas no han de impedir debatir propuestas imprescindibles y a acordar por el pleno municipal. Hasta ahora se han relegado. Es el momento de pasar de la queja a la iniciativa si esta obtiene un beneplácito mayoritario. Por ejemplo, una nueva ordenanza de civismo contundente y eficaz para garantizar la convivencia. Otro ejemplo, derogar la obligatoria cesión del 30% para vivienda pública en las promociones privadas. Esta medida ha ahuyentado inversiones fuera de la ciudad y apenas ha representado una treintena de pisos sociales en seis años. La falta de acuerdos entre partidos ha impedido lo anterior.
Adiciónense más actuaciones a impulsar: un plan de seguridad sin complejos contra la delincuencia, la defensa de la propiedad, la colaboración pública-privada para promover vivienda social y de alquiler, una rebaja fiscal del IBI y de otros tributos, el pasar de la restricción al incentivo y del no a todo al sí responsable o el disponer de una administración ágil y eficaz sin burocracias condicionantes.
Es la hora de un gobierno con motor de lo que necesita Barcelona. De ser derrotadas sus propuestas deberán explicar a la ciudadanía quienes las rechacen su veto e inconveniencia de la misma mientras formulan su alternativa. Si el gobierno no presenta nada que no lo argumente con el pretexto de su minoría cuando su obligación es ser propositivo. A sensu contrario sucedería con las propuestas de la oposición. Hay que perder el temor a la derrota en asuntos en los que, con la victoria, gana la ciudad. Ante la parálisis, hay que desbloquear el Ayuntamiento. Quizá los próximos resultados electorales introduzcan la geometría variable de pactos, pero la aritmética política actual no lo permite. Es lo que hay. Aunque parezca una contradicción, a veces hay que perder votaciones para ganar Barcelona. Ver para creer. Perder para ganar.
